El presidente de Croem, José María Albarracín, ha afirmado hoy tras ser reelegido para un segundo mandato en la cuadragésima asamblea de la patronal murciana que es "inaceptable" que se derogue en las Cortes la reforma laboral, que ha tenido un "efecto positivo" en España.

La nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha avanzado hoy que el nuevo Gobierno tendrá como objetivos "un replanteamiento total de la reforma laboral y recuperar el poder de la negociación colectiva".

Durante su discurso ante el presidente de la patronal nacional, Juan Rosell, medio millar de empresarios y dirigentes políticos regionales, Albarracín ha valorado los resultados de las dos últimas reformas laborales llevadas a cabo en 2010, cuando gobernaba el PSOE, y 2012, cuando lo hacía el PP.

Ha emplazado a continuar el proceso de diálogo social "al máximo nivel" para que exista un "compromiso de todos" en la negociación colectiva y en el resto de asuntos que tienen que ver con la formación y el empleo.

Ha reconocido que existe "expectación no exenta de preocupación" por los "condicionantes" que pudiera conllevar el cambio de Gobierno y por las derivaciones de las decisiones asociadas "a la presión de algunos partidos políticos que en nada velan por el interés general de España" y a los que "poco les importa, más bien".

Ha pedido que se "cumplan los compromisos adquiridos" y se ejecuten los presupuestos generales del Estado y deseado que el nuevo Ejecutivo central y el regional mantengan unas "relaciones fructíferas" donde prime el "interés general" y el "equilibrio territorial" en cuestiones prioritarias como la financiación autonómica y el reparto del agua, "donde se siguen dando las dos Españas".

Albarracín ha confiado en que el nuevo ministro de Fomento, José Luís Ábalos, sea "cumplidor" de los acuerdos alcanzados en infraestructuras.

"No quiero pensar que nadie sea capaz en este momento, después de veinte años de espera, de plantear escenarios alternativos a los conocidos, ya a un paso de su culminación", ha señalado sobre la llegada del tren de alta velocidad, planteada provisionalmente en superficie por el anterior Ejecutivo central del PP.

Tras resaltar la "casi unidad" en materia de agua tras la firma de un pacto regional entre el PSOE, el PP y Cs pero no con Podemos, ha concluido que no van a dejar que se "criminalice" al sector agroalimentario por la contaminación del mar Menor, puesto que se pondría en juego la "supervivencia" de muchas familias y el empleo que generan esas empresas.