Proponen que el Fondo de Garantía de Depósitos emita deuda avalada para entregarla a las entidades financieras a cambio de sus activos de difícil venta
La banca quiere que se aclare cuanto antes cómo podrán sacar de sus balances parte de sus activos "tóxicos" y para ello propone una fórmula con aval del Estado que facilite la operación, según han explicado fuentes del sector.
La idea consiste en que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) o nuevas sociedades puedan emitir deuda con aval para entregarla a las entidades financieras que ofrezcan voluntariamente sus activos problemáticos con difícil venta, especialmente el suelo.
De esta forma, los bancos se librarían de gran parte de su riesgo inmobiliario y podrían descontar ante el Banco Central Europeo (BCE) la deuda avalada por el Estado que han recibido con el canje.
Según las mismas fuentes, los bancos estarían dispuestos a comprometerse a destinar la liquidez que obtengan con este tipo de operaciones a facilitar que fluya el crédito a la economía real, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
Además, si en lugar de nuevas sociedades, el suelo de los bancos lo adquiere directamente el FGD, algunas entidades plantean que se podría ir vendiendo con el paso del tiempo, para evitar pérdidas, o directamente destinarlo a la promoción de equipamientos públicos.
Pero el sector financiero mantiene su tesis de que sería conveniente que el Estado preste algún apoyo, sin que ello quiera decir que debe ser el que cree la sociedad inmobiliaria.
Abogan, por ejemplo, por que el Fondo público de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) preste recursos al FGD para que éste tenga capacidad para afrontar la compra o que se facilite las aportaciones de las entidades con instrumentos financieros.
En última instancia, la banca recuerda que está la opción de que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el Fondo Monetario Internacional adquieran la deuda que el FGD o las sociedades inmobiliarias emitieran al hacerse cargo de los activos tóxicos.
Mientras el Ministerio de Economía y el Banco de España deciden la fórmula idónea, el sector aplaude la idea de poder desprenderse de sus activos más tóxicos, pero advierte de que es necesario que el proceso de venta sea transparente y homogéneo.
También han admitido que es imprescindible que Europa no considere los avales del Estado como ayudas públicas y tenga en cuenta que no aumentan el déficit público.
Los expertos calculan que en el corto plazo, los activos de la banca española vinculados al ladrillo podrían estar entre 100.000 y 150.000 millones, lo que equivaldrían a entre un 10 y un 15% del PIB.
La idea consiste en que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) o nuevas sociedades puedan emitir deuda con aval para entregarla a las entidades financieras que ofrezcan voluntariamente sus activos problemáticos con difícil venta, especialmente el suelo.
De esta forma, los bancos se librarían de gran parte de su riesgo inmobiliario y podrían descontar ante el Banco Central Europeo (BCE) la deuda avalada por el Estado que han recibido con el canje.
Según las mismas fuentes, los bancos estarían dispuestos a comprometerse a destinar la liquidez que obtengan con este tipo de operaciones a facilitar que fluya el crédito a la economía real, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
Además, si en lugar de nuevas sociedades, el suelo de los bancos lo adquiere directamente el FGD, algunas entidades plantean que se podría ir vendiendo con el paso del tiempo, para evitar pérdidas, o directamente destinarlo a la promoción de equipamientos públicos.
Pero el sector financiero mantiene su tesis de que sería conveniente que el Estado preste algún apoyo, sin que ello quiera decir que debe ser el que cree la sociedad inmobiliaria.
Abogan, por ejemplo, por que el Fondo público de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) preste recursos al FGD para que éste tenga capacidad para afrontar la compra o que se facilite las aportaciones de las entidades con instrumentos financieros.
En última instancia, la banca recuerda que está la opción de que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera o el Fondo Monetario Internacional adquieran la deuda que el FGD o las sociedades inmobiliarias emitieran al hacerse cargo de los activos tóxicos.
Mientras el Ministerio de Economía y el Banco de España deciden la fórmula idónea, el sector aplaude la idea de poder desprenderse de sus activos más tóxicos, pero advierte de que es necesario que el proceso de venta sea transparente y homogéneo.
También han admitido que es imprescindible que Europa no considere los avales del Estado como ayudas públicas y tenga en cuenta que no aumentan el déficit público.
Los expertos calculan que en el corto plazo, los activos de la banca española vinculados al ladrillo podrían estar entre 100.000 y 150.000 millones, lo que equivaldrían a entre un 10 y un 15% del PIB.
