El delegado del Gobierno se reúne con los miembros de la Asociación de Directivos de Murcia, Adimur
El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ha advertido hoy a los ayuntamientos que solo tendrán “dos oportunidades” para presentar ante el ministerio de Hacienda sus planes de ajuste. “A partir de ahí se les puede retirar las transferencias del Estado”, ha indicado Bascuñana durante un almuerzo celebrado con la Asociación de Directivos de la Región de Murcia, Adimur.El delegado está plenamente convencido de que es cuestión de pocas semanas que comience a ejecutarse el Plan de Pagos a proveedores de las administraciones públicas y que está avalado por el Estado. “De hecho, me consta que muchas entidades financieras ya están financiando esas facturas pendientes”, según ha indicado.
Durante el encuentro, al que han asistido en torno a 40 directivos miembros de Adimur, Bascuñana ha hecho un repaso de los principales planes de inversiones del Estado en la Región. Ha reiterado que el AVE será una realidad en Murcia en 2014 y que este año se abrirá la autovía que comunica Blanca con Jumilla para continuar posteriormente a través del Altiplano hasta Fuente La Higuera.
Otras actuaciones previstas en periodo corto son las autovías en el entorno de Murcia. Ha lamentado que la situación económica no permita en este momento mayores inversiones; pero sí ha destacado que los planes se están elaborando y que se continuarán con proyectos pendientes. Entre estos figuran la autovía del Reguerón, actuación que tiene contemplado en los Presupuestos de este año el pago de las expropiaciones.
Oficina Única en Lorca
En el almuerzo, celebrado en el hotel Nelva, el delegado del Gobierno ha reconocido su especial preocupación por la situación de los afectados por el terremoto de Lorca, del que en unos días se conmemorará su primer aniversario. “Lorca me ocupa la mitad del tiempo”, destacando así cuál es la prioridad de este problema para la Administración central. Ha confirmado en este sentido que la próxima semana se abrirá en Lorca una Oficina Única en la que estarán representadas las administraciones central, autónoma y local, lo que permitirá agilizar la tramitación de las ayudas aún pendientes y la gestión de los 115 millones de euros de la línea de crédito procedente del ICO que recogía el Decreto Lay aprobado el miércoles en el Parlamento.

