La Región de Murcia es la segunda comunidad en la que más ha aumentado el número de deudores concursados en el segundo trimestre respecto al año anterior: un 52,4% más, según datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Solo supera a Murcia La Rioja, con un 200%, y es seguida, aunque de lejos, por Baleares, con un 36,7%.

Murcia presenta en el segundo trimestre (y en el primer semestre) un total de 64 deudores concursados. De esa cifra, 11 son personas físicas sin actividad empresarial y cinco son personas físicas con actividad empresarial. Asimismo, dos son Sociedades Anónimas (S.A.) y 46 Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.). En total son 53 empresas en suspensión de pagos.

En el conjunto del país, el número de empresas que se declararon en concurso de acreedores en el segundo trimestre de 2018 fue de 1.200, un 1,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

A tenor de los datos recogidos por la Estadística de Procedimiento Concursal, el número total de deudores (incluidas personas físicas) ascendió a 1.610, un 0,9% más que en el periodo comprendido entre abril y junio de 2017.

Del total de concursos, 1.516 fueron voluntarios (un 1,9% más que en el segundo trimestre de 2017), y 94 necesarios (un 12,1% menos), mientras que por clase de procedimiento, los ordinarios disminuyeron un 10%, en tanto que los abreviados aumentaron un 2,7%.

Al margen de las empresas concursadas, que constituyen un 74,5% del total de deudores, la estadística evidencia que otras 410 personas físicas sin actividad empresarial, el 25,5% restante, también se acogieron a dicha vía.

En cuanto a la forma jurídica, un 81,8% de las compañías eran sociedades de responsabilidad limitada, y del total, un 38,3% se situaban en el tramo más bajo del volumen de actividad (menos de 250.000 euros).

Respecto a la actividad que desarrollaban, un 21,3% pertenecía al comercio, un 16,6% a la construcción y un 15,3% se dedicaba a otro tipo de servicios.

Por número de asalariados, el 60,1% del total de empresas en concurso contaba con menos de seis empleados, y entre éstas, un 33,1% no tenía ninguno.

El INE, que también desglosa sus datos en función de la antigüedad de las compañías, concluye que un 18,9% había sido constituida hacía veinte años o más, mientras que un 21,9% tenía menos de cuatro; de éstas, el 23,6% se dedicaba al comercio.

Por su parte, las empresas de mayor trayectoria pertenecían en su mayoría, un 53,7%, al comercio y a la industria y energía

El reparto geográfico destaca tanto a Cataluña como a Madrid, que concentraron en el segundo trimestre el 45% de los deudores concursados en España, mientras que fue en Navarra donde se produjo la mayor bajada en términos de variación anual tras caer un 41,2%; por el contrario, La Rioja experimentó el repunte más notable, del 200%.

Tras Cataluña (423) y Madrid (293) se encuentran, por número, Comunidad Valenciana (197) y Andalucía (137).

Por debajo del umbral de los cien procedimientos, País Vasco (80); Galicia (68); Aragón (65); Murcia (64); Castilla y León (59); Castilla-La Mancha (58); Baleares (41); Asturias (32); Canarias (27); Extremadura (22); Cantabria y La Rioja (ambas con 12), y Navarra (10).

Todos se han producido al amparo de la Ley Concursal, aprobada de forma definitiva en mayo de 2015, y que persigue que las empresas que acuden a estos procedimientos y sean viables, puedan seguir operando, al tiempo que permite a los acreedores cobrar parte de su deuda.

Dicha ley extiende los efectos del convenio general a los acreedores disidentes o que nos se hayan sumado a éste, incluido los públicos, siempre que se superen unos determinados porcentajes de adhesión.