La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 10 años de inhabilitación para el ex presidente de la Junta Manuel Chaves por prevaricación en el juicio de los ERE, y de 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación.

La Fiscalía ha expuesto hoy sus conclusiones definitivas, en las que mantiene su acusación contra 21 de los 22 ex altos cargos de la Junta procesados en la pieza política del caso ERE por crear o sostener un "procedimiento específico" con el que de 2001 a 2010 la Junta dio 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis para eludir la fiscalización y dar las subvenciones de manera arbitraria.

Ha retirado su acusación de prevaricación contra el ex secretario de Hacienda Antonio Estepa, para el que inicialmente pedía 10 años de inhabilitación.

Así, el Ministerio Público mantiene su solicitud de 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los ex consejeros Gaspar Zarrías y la ex consejera de Economía y ex ministra Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el ex viceconsejero José Salgueiro y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Para Griñán, la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, reclama seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, así como para la ex secretaria de Empleo Lourdes Medina y el ex director de IDEA Jacinto Cañete para los que inicialmente solicitaba 8 años de prisión.

Por los mismos delitos pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de la entidad pública IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios de Empleo Javier Aguayo y Juan Francisco Sánchez.