La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) ha requerido de nuevo al Gobierno de España que sea consecuente con sus propios actos. El anterior Gobierno socialista, dando continuidad a normas establecidas desde el año 2004, promovió la inversión de 55.000 instalaciones fotovoltaicas, que supusieron que España se convirtiera en una potencia mundial en esta tecnología.

A finales del año 2010, el Gobierno decidió cambiar la normativa implantando normas con carácter retroactivo que han llevado al fallido a miles de familias que, amparadas por el principio constitucional de confianza legítima, invirtieron sus ahorros en proyectos auspiciados por el Estado y la Comunidad Europea. En esos momentos, la oposición en pleno, incluyendo el Partido Popular, reclamó la exigencia de seguridad jurídica a las normas que establecía el Estado, y a la vista de los últimos acontecimientos, los productores, vuelven a recordarle al actual Gobierno la necesidad de que sea consecuente con aquellas afirmaciones.

En este sentido, ANPIER aboga por que el Gobierno español retome sus pretensiones, toda vez que cientos de pequeños productores están perdiendo todos sus bienes de forma claramente injustificada, pues no es concebible la existencia de riesgo regulatorio en un país que consideran que debería ser serio en los compromisos con sus nacionales, y dar la misma seguridad jurídica que ahora ofrece a los accionistas de Repsol-YPF.