La nueva regulación aprobada por el Gobierno sobre la venta a pérdida ha suscitado críticas hoy en la industria alimentaria y las organizaciones agrícolas, que dudan de que pueda aplicarse de forma efectiva para erradicar esta práctica, al contrario de lo que defiende el Ejecutivo.

Agricultores y fabricantes reclaman una normativa que impida vender alimentos en el supermercado a un precio por debajo de su coste y que se utilizan en ocasiones -especialmente, la leche y el aceite- como "productos reclamo" para fomentar las compras.

La venta a pérdida está regulada en España a través de la ley de comercio minorista, pero una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró en 2017 que no se ajustaba al derecho comunitario y creó un vacío legal que el Gobierno ha intentado salvar ahora con la introducción de una modificación en esa misma norma.

La patronal de la industria alimentaria (FIAB) considera "insuficiente" la reforma introducida en la regulación por parte del Gobierno, y ha advertido de la dificultad para aplicarla en la práctica.

Desde la entidad han explicado en declaraciones a Efe que los cambios aprobados en el Consejo de Ministros el pasado viernes para ajustar la legislación nacional a los criterios comunitarios "ha quedado a medio camino entre la permisividad y la prohibición".

Fuentes de este organismo -representante de las 29.000 empresas que conforman el sector- han manifestado que al limitar la venta a pérdida a los casos de "deslealtad o engaño", se restringe el alcance de la prohibición.

Además, han incidido en que, con esta nueva regulación, la decisión depende "de la interpretación que realicen la Administración y los tribunales de Justicia", lo que puede generar "incertidumbre".

La modificación también ha sido rechazada por las organizaciones agrarias, que de forma conjunta la calificaron de "paso atrás inaceptable".

En su opinión, la norma añade "complejidad, subjetividad y arbitrariedad a todo el proceso y, en la práctica, es inútil para proteger al sector productor".

Por el contrario, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido hoy que aporta "mayor eficacia y seguridad jurídica", y ha atribuido la controversia generada a un "malentendido" y ha avanzado que si la medida "no es suficientemente eficaz" se podrían analizar otras soluciones