2018 pasará a la historia como el año en el que Rodrigo Rato entró en prisión, Mario Conde volvió al primer plano de la actualidad judicial y el Tribunal Supremo se enredó con el impuesto de las hipotecas, pero el esperadísimo juicio de Bankia, aunque ya comenzó, deja sus mejores momentos para 2019.

El 25 de octubre, poco después del mediodía, el exvicepresidente del Gobierno y antiguo director gerente del FMI, Rodrigo Rato, ingresaba en la prisión de Soto del Real (Madrid) para cumplir cuatro años y medio de condena por el uso de tarjetas "black" de Caja Madrid.

La imagen de Rato acarreando dos bolsas de equipaje y su petición de perdón "a todos los que se hubieran sentido ofendidos" por sus actos dieron la vuelta al mundo.

En esos mismos días, otros trece de los 64 condenados por el uso indebido de las tarjetas de la entidad ingresaban en diferentes prisiones, poniendo punto final a uno de los mayores escándalos financieros de la historia moderna de España, pese a que el importe defraudado apenas alcanzaba los 13 millones de euros.

Una cantidad similar es la que, en opinión de la Fiscalía Anticorrupción, adeudaba el expresidente de Banesto Mario Conde, cuya estrella brilló en su día aún más que la de Rato, y cuya caída fue también más estrepitosa.

Tras pasar diversos periodos entre rejas, en 2016 el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenaba su detención -permaneció encarcelado unos días- acusado de haber blanqueado desde 1999 unos 13 millones de euros de Banesto, fondos que iba repatriando a España desde Suiza y el Reino Unido para pagar sus gastos personales.

Sin embargo, tras dos años de pesquisas, en noviembre de este año el magistrado decidía archivar la investigación, amparado por sendos informes de la Agencia Tributaria que exoneraban al exbanquero de cualquier delito.

El periplo judicial de Conde podría no haber acabado, ya que la Fiscalía Anticorrupción recurrió el sobreseimiento con el argumento de que no se ha investigado a fondo el "complejísimo mapa bancario" urdido por Conde, que revela indicios de la existencia en el extranjero de un considerable patrimonio.

Protagonista absoluto: el Tribunal Supremo
No obstante, el protagonista absoluto del año judicial ha sido el Tribunal Supremo, que en octubre optaba por atribuir a la banca el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas, contradiciendo su propia doctrina de comienzos de año, que establecía que el cliente era quien debía hacer frente a dicha tasa.

De modo inesperado, sólo un día después el propio tribunal ponía en cuarentena esta decisión, que no especificaba a partir de qué momento las entidades debían asumir el impuesto y si tendría retroactividad.

Un pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo celebrado dos semanas después y que se prolongó durante dos días optó por atribuir de nuevo el pago del impuesto a los clientes, lo que llevó al Gobierno a aprobar de urgencia un decreto ley para garantizar que sean los bancos los que asuman el impuesto.

La errática actuación del alto tribunal despertó una oleada de críticas que obligaron al presidente de la institución y del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, a pedir un inédito perdón a los ciudadanos.

‘Pena de banquillo’
También este año ha tenido su "pena de banquillo" el exvicepresidente del Gobierno y exministro de Defensa con Felipe González, Narcís Serra, por los sobresueldos abonados a la cúpula de CatalunyaCaixa en 2010 y por administración desleal en una entidad que recibió 13.221 millones de euros en ayudas públicas.

La gestión de Serra y otros directivos habría originado un agujero de más de 720 millones de euros.

Y este año ha concluido por fin el caso Fórum Filatélico, la estafa piramidal que alcanzó a cerca de 200.000 pequeños ahorradores, y que se saldó con la condena a 12 años para su presidente y fundador, Francisco Briones, por estafa agravada continuada, insolvencia punible, falsedad contable y blanqueo.

Aún en fase de instrucción está la resolución del Banco Popular, su posterior venta al Santander por un euro y la amortización a valor cero de las acciones de la entidad.

Pequeños y grandes accionistas, entre ellos algunos de los mayores fondos de inversión de Estados Unidos, han recurrido tanto en los tribunales españoles como ante las instituciones europeas la decisión de liquidar el Popular.

Sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho se han explicado ante la comisión del Congreso de los Diputados que investigaba las causas de la crisis financiera, pero aún han de hacerlo en la Audiencia Nacional.