El director general de Transportes, José Ramón Díez de Revenga, recibió recientemente a los estudiantes del IES La Florida, de Las Torres de Cotillas, que se interesaron por conocer el funcionamiento de la Junta Arbitral de Tra
La consejería de Fomento e Infraestructuras ofrece un servicio gratuito de mediación en conflictos relacionados con el transporte a través de la Junta Arbitral del Transporte, que ha resuelto extrajudicialmente 188 casos en los últimos tres años.
Además, se alcanzaron nueve acuerdos amistosos en la vista oral, 30 desistimientos previos al acto de la vista y tres declaraciones de incompetencia.
Mediante un procedimiento gratuito para los intervinientes, la Junta Arbitral de Transporte resuelve de manera vinculante reclamaciones y conflictos en relación con los transportes urbanos, interurbanos, de mercancías y viajeros.
El director general de Transportes, José Ramón Díez de Revenga, ha valorado la labor del órgano regional que tiene como objetivo disminuir las demandas ante los tribunales de justicia, de manera rápida y flexible, reduciendo significativamente el tiempo de resolución de los conflictos en esta materia.
Cualquier usuario, transportista, cargador o intermediario, que sea parte contratante en un transporte, puede acudir a la junta, sin abogado o procurador. La junta arbitral resuelve controversias de transporte tanto interno como internacional e incluso intermodal, cuando uno de los modos de transporte sea terrestre.
Mejora de la competitividad
Díez de Revenga ha señalado que la junta arbitral del Transporte “es un instrumento de la competitividad de las empresas del transporte porque, gracias al ahorro de tiempo que supone esta agilización administrativa, se pueden dedicarse así a lo que realmente importa: generar actividad económica y empleo”.
Ha destacado que la Región de Murcia es la tercera provincia, tras Madrid y Barcelona, en número de reclamaciones ante la junta, al tiempo que ha recordado que este órgano fue creado hace 31 años como instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte.
La junta no interviene en controversias laborales ni penales. Si el contenido económico del conflicto es superior a 15.000, euros es necesario que las partes intervinientes, de común acuerdo, sometan de forma expresa la controversia.