El Gobierno ha aprobado este viernes dos nuevos impuestos, uno a las transacciones financieras y otro a determinados servicios digitales, con los que pretende reforzar la "equidad" del sistema tributario, según ha indicado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

El Consejo ha aprobado los proyectos de ley de creación de los impuestos de transacciones financieras y determinados servicios digitales, con los que espera recaudar más de 2.000 millones de euros.

Celaá ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que el impuesto a las tecnológicas grava actividades que ahora no están sujetas a tributación porque las plataformas "trabajan de manera privilegiada" con respecto a otras actividades que sí pagan impuestos. "Se estaba funcionando con competencia desleal", ha resumido.

Este impuesto, que va en línea con el debate sobre tributación digital en la Unión europea, tiene el objetivo, de que "las empresas tributen allí donde están generando beneficios".

En cuanto al impuesto a las transacciones financieras, va dirigido a "reforzar la equidad del sistema" y también está en línea con la cooperación reforzada que diez países europeos mantienen desde 2013 para ponerlo en marcha.

El impuesto español, ha indicado Celaá, sigue el modelo francés y su recaudación se dedicará a financiar las pensiones y otros mecanismos de protección de la Seguridad Social.

Estos dos impuestos, cuyos anteproyectos de ley fueron aprobados en octubre del pasado año, iniciarán ahora su tramitación en las Cortes, donde pueden recibir enmiendas.

El impuesto sobre determinados servicios digitales, que prevé recaudar unos 1.200 millones de euros, establece un gravámen del 3% sobre los ingresos obtenidos por publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos generados a partir de información proporcionada por los clientes.

El tributo solo se aplicará a las multinacionales tecnológicas que facturen más de 3 millones de euros en España y 750 millones en el resto del mundo, por lo que no afectará a las pymes.

El impuesto sobre transacciones financieras, que prevé recaudar 850 millones de euros, consiste en un gravámen del 0,2% sobre las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

La también llamada tasa Tobin no afectará a las salidas a Bolsa, reestructuraciones empresariales, operaciones entre sociedades del mismo grupo ni cesiones temporales.

Perjuicios para el consumidor
Las patronales tecnológicas han cargado hoy contra el Gobierno por aprobar la llamada "tasa Google" sin consenso internacional, lo que, a su juicio, supondrá una desventaja competitiva para España, y han advertido de que su coste lo acabarán pagando las pymes, las pequeñas startups y el consumidor final.

En un comunicado, la patronal Ametic, que cuenta entre sus asociados con empresas como Google, Facebook o Samsung, ha lamentado la "acción unilateral" del Gobierno al aprobar este nuevo impuesto, "sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo".

Según la asociación, en el contexto de una economía globalizada cualquier nuevo impuesto a las empresas "debe acordarse a nivel global", a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"España va a ser el primer país de la Unión Europea en aplicar una medida de este tipo, que impactará negativamente en la economía española, perjudicando especialmente a las startups, pequeñas y medianas empresas y consumidores", ha añadido.