La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ve "improbable" que el déficit público termine este año en el 1,3% del PIB, como prevé el Gobierno, y calcula que se desviará hasta el 2,2%.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación de las cuentas de 2019 que España cumplirá "con toda seguridad" el objetivo de déficit para 2018, del 2,7%.

Sin embargo, considera improbable que 2019 termine en el 1,3% del PIB y apunta a un dato muy superior, del 2,2% del PIB.

La AIReF cree que en el mejor de los casos la administración central terminará el año con un déficit del 1% del PIB, cuando su objetivo es del 0,3%, por diversos factores, entre los que destaca los ajustes de contabilidad nacional.

Escrivá ha añadido que la institución cree que la previsión de ingresos será unas dos décimas inferior a lo que estima el Gobierno. En concreto, ha aludido a las nuevas medidas tributarias recogidas en el Presupuesto, con las que el Ejecutivo espera recaudar 5.654 millones, una cifra que la AIReF rebaja a 2.908 millones, unos 1.300 millones menos.

Escrivá ha señalado que la Seguridad Social registrará un déficit del 1,5% del PIB, lejos del 0,9% que estima el Gobierno, en parte debido a que el Ejecutivo espera obtener casi 3.000 millones de euros con las nuevas medidas puestas en marcha, como las subidas del salario mínimo y de las bases máximas de cotización, una cifra que la AIReF rebaja a en torno a 2.300 millones.

La AIReF cree que las comunidades autónomas cumplirán su objetivo de déficit y que el cambio en la metodología del IVA tendrá un impacto neutro, mientras que las corporaciones locales volverán a registrar un superávit de alrededor del 0,5% del PIB.

En cuanto al objetivo de déficit recogido en el cuadro macroeconómico, Escrivá ve factible su cumplimiento.

Varapalo del Banco de España al Presupuesto y a la subida del SMI
La comparecencia del presidente de la Autoridad Fiscal se ha producido un día después de que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtiera de que la previsión de ingresos del Gobierno para este año está sujeta a "riesgos significativos" y ha apuntado que el déficit público alcanzará el 2% del PIB, lejos del objetivo del Gobierno de cerrar en el 1,3%.

Hernández de Cos abrió las comparecencias en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados con motivo de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para 2019.

En su intervención, el gobernador también ha señalado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -un 22,3% hasta los 900 euros- ralentizará la creación de empleo y ha instado a poner en marcha medidas para compensar la subida de las pensiones conforme a la inflación.

Aunque cree que las previsiones de crecimiento recogidas en el cuadro macroeconómico son "coherentes" con las del propio Banco de España, advierte de que están sujetas a importantes riesgos que llevarán a la institución a revisar sus propias estimaciones a la baja, entre las que ha citado la desaceleración económica global o la dificultad de cumplir el objetivo de déficit.

Hernández de Cos ha subrayado que las estimaciones de ingresos del Gobierno están sujetas a "riesgos a la baja significativos" y calcula que el repunte de recaudación -descontado el cambio en la liquidación del IVA- se situará en el 5,6% en lugar del 6,9% que recoge el Ejecutivo.

Esto es así porque la relación entre el crecimiento económico y el aumento de la recaudación recogido en las cuentas es mayor a la media histórica porque la estimación de ingresos para los nuevos impuestos -como el de servicios digitales o las transacciones financieras- está sujeta a incertidumbre y, especialmente, por el potencial efecto del cambio en el sistema de liquidación de IVA.

El Gobierno prevé modificar el sistema de liquidación de IVA para deshacer un cambio de 2017 que retrasaba el pago de diciembre a enero, lo que redujo los ingresos en ese ejercicio. Ahora, al restablecer la situación anterior, 2019 contaría con una recaudación por este impuesto equivalente a trece meses en lugar de doce.

El Ejecutivo prevé utilizar estos fondos para compensar un ajuste del déficit mayor al que pretendía -en el caso de la Administración central un 0,3% en lugar del 0,4% del PIB- y el retraso en la aplicación de los nuevos impuestos.