El próximo miércoles 13 de febrero se vota en el Congreso si los Presupuestos 2019 del Gobierno Sánchez siguen adelante o no. Si alguien estará pendiente serán las familias de 1,3 millones de ancianos y jóvenes dependientes, porque se juegan recibir 830 millones más este año y que 80.000 dependientes reciban la ayuda que esperan hace meses. Con o sin Presupuestos, la Dependencia necesita ayuda, porque cumple 12 años con recortes y falta de recursos. Y las autonomías, que pagan dos tercios de la Dependencia, no dan abasto y buscan “trucos” para atender a más dependientes, como ayudar más a los menos dependientes (más “baratos”) y extender los servicios “low cost” (teleasistencia y cheques por servicios) para atender “a más con menos”. Urge cumplir el Pacto por la dependencia, que todos los partidos (menos PP y PNV) firmaron hace 2 años, y acabar con las listas de espera, porque 100 ancianos mueren cada día sin recibir la ayuda reconocida. Es lo mínimo que les debemos a nuestros ancianos y discapacitados.

En enero, la Ley de Dependencia ha cumplido 12 años, con el mismo problema con que nació en 2007: la falta de recursos. Un lastre original agravado después por el Gobierno Rajoy, que no creía en ella (“la Dependencia no es viable”, declaró 3 días antes de las elecciones de 2011) y empezó a aplicarla recortes sólo 9 días después de llegar a las Moncloa: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.