En esta serie periódica de información y reflexiones sobre innovación democrática y democracia participativa que a través de MurciaEconomía llega hasta Ud. amable lector, hemos hecho un largo recorrido sobre los fundamentos, objetivos, características, modalidades y retos a los que se enfrenta la participación ciudadana en las instituciones y singularmente en el gasto público, a través de los presupuestos participativos (PsPs).

El animar al tejido social y directamente a la propia ciudadanía a la participación directa en la formulación y toma de decisiones sobre aspectos importantes relativos a la producción de mejoras en la ciudad o la Comunidad en la que viven, es sin duda un avance cualitativo para cualquier proceso democrático.    

Como invocan expertos españoles como Tomás R. Villasante, Ernesto Ganuza, José Molina Molina e internacionales como Yves Cabannes, Nelson Días y otros, el primero de los objetivos de la democracia participativa y naturalmente de una de su fruto, los PsPs es la participación directa en las dinámicas político-administrativas de la Administración Pública y, en consecuencia, su primera derivada reside en el conocimiento por parte de la ciudadanía de la base sobre la que luego habrá que tomar decisiones: las particularidades del presupuesto, el volumen, origen y condicionantes de los ingresos, los gastos y sus distintos capítulos, la parte del presupuesto ya consolidada desde su gestación (gastos fijos), la normativa que afecta a la toma de decisiones, el procedimiento administrativo, etc., etc.

Ante esto, podemos pues fácilmente llegar a la conclusión de que uno de los aspectos fundamentales de la democracia participativa es conseguir la participación ciudadana desde el conocimiento, lo que fomentará el ejercicio de la crítica informada, de una ciudadanía difícil de manipular y de unos procesos participativos en donde las personas a las que llamamos a participar, a su vez se forman en las dinámicas subyacentes a los procesos de ingresos y gasto público.

Por otra parte, la implantación y desarrollo de la participación ciudadana y de los presupuestos participativos genera unas estructuras de interlocución a priori independientes de todo poder político que se constituye de manera imprescindible en el eje de gravedad de estos avances democráticos.

Pues bién, dicho lo anterior, cabe preguntarse cómo se articula este modelo de democracia avanzada en la estructura político-administrativa de la administración pública, y concretamente en la local, en los ayuntamientos. La democracia participativa… ¿Supone un plus democrático que se suma a la democracia electiva? Las corporaciones locales formadas por concejales elegidos en sufragio libre, directo y secreto por el pueblo, una vez conformados los gobiernos… ¿Facilitan al resto de la corporación la participación y la co-gobernanza siquiera en las condiciones en las que son consultados los miembros de esas estructuras de interlocución que constituyen los staffs de la participación ciudadana?

Si bién es verdad que el talante de los regidores y de los equipos de gobierno de las diferentes ciudades y pueblos es muy diverso, y por lo tanto hay consistorios que practican la innovación democrática comenzando por la transparencia y la participación de los concejales que no forman parte del equipo de gobierno en la problemática y toma de decisiones sobre los diferentes aspectos de la gobernanza municipal, tengo con conocimiento de causa y gran pesar que señalar, que sin embargo otros ayuntamientos –como es el caso en nuestra Región de Molina de Segura-, practica una política en apariencia participativa de cara a la ciudadanía –avalada por el proselitismo que anualmente genera el proceso de los presupuestos participativos, las reuniones, el grupo motor, las Juntas de Zona, la propaganda institucional, las inauguraciones, etc.-, pero que sin embargo, de cara a la participación de los concejales electos se ciñe estrictamente a las convocatorias de órganos colegiados y el Pleno Ordinario del mes, dándose la paradoja –incluso-, que algunas competencias de Pleno han sido transferidas a la Junta de Gobierno, a mayor abundamiento del espíritu “participativo”.

Para quien esto escribe, sinceramente es paradójico. Hemos luchado para que cualquier ciudadano, entidad, representante social, Consejo Municipal y miembros de las Juntas de Zona puedan participar en la formulación y priorización de propuestas sobre “la ciudad que queremos” y sin embargo, las personas que directamente fueron elegidas por el pueblo para representarles, encuentran muchas restricciones a su participación y en la participación y conocimiento de la gobernanza de lo público.

Ustedes ya habrán adivinado que a esta situación hace años se le denominaba  “la apisonadora”, concepto que significa ni mas ni menos, que una vez obtenidos los votos necesarios para conformar gobierno y sacar las propuestas adelante, toca obviar cualquier proceso de colaboración con el resto de los representantes, tan legítimos y electos como los que forman la mayoría, con la excepción de  algunos temas puntuales, casi siempre dirigidos a ámbitos de actuación externos (UE, Gobierno central, Comunidad Autónoma, política general, etc.).
Resulta paradójico, si. ¿Y cómo se podría corregir esto para que no dependa del talante de unos alcaldes u otros?

Independientemente de la modernización y actualización de la ley de Bases de Régimen Local y del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales que diera cobertura a esta realidad que señalo y a otras muchas que desde que se promulgaron han ido surgiendo, algunos ayuntamientos han optado por elaborar y aprobar lo que denominan “Código de Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional” El objetivo de la calidad institucional es efectivamente la meta y, en consecuencia, esa meta debe involucrar al Ayuntamiento y, especialmente, a la totalidad de representantes de éste. Ello implica que este Código debe visualizarse como un proyecto conjunto de toda la institución local (esto es, de todos sus representantes), donde se manifiesta así el compromiso del Ayuntamiento y de sus cargos electos con los objetivos que se pretenden alcanzar. Por consiguiente, estas medidas involucran tanto al equipo de gobierno como a la propia oposición política. Se incorporan, así, determinadas obligaciones, principios y responsabilidades que afectan a la totalidad de quienes forman parte de este Ayuntamiento, pero también se detallan determinadas responsabilidades y compromisos que aparecen de forma individualizada según se dirijan a quienes forman parte del equipo de gobierno o, en su caso, de la oposición política.

En definitiva, tras el esfuerzo por la democracia participativa, toca volcarse en la consecución de una democracia plena, con un código de buen gobierno y unos objetivos imprescindibles de calidad institucional.
                                                                  

@MAngelrtorres