La Audiencia Nacional pide 189 millones de euros de fianza para la exdirectora general de la CAM Dolores Amorós y otras tres personas por un presunto delito de administración desleal, por irregularidades relacionadas con la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP).

Según consta en el auto de apertura de juicio oral, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Amorós y otros dos exdirectivos de la caja, el que fuera director general de Empresas Daniel Gil y el ex director general de TIP Vicente Sánchez Asensio, y dos años para el empresario Rafael Galea, como cooperador necesario.

Las mismas penas las solicita el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por un delito continuado de distracción desleal de dinero y de administración desleal; las sociedades Hansa Urbana y Management Servicies son consideradas responsables civiles subsidiarias.

Según relataba el auto de procesamiento, a instancias de Daniel Gil se creó en 2002 la sociedad Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) para que la CAM pudiera participar en operaciones de desarrollo de suelo; participada al 100 % por la caja, operaba con diferentes empresas, una de ellas Hansa Urbana, propiedad de Rafael Galea.

Todo ello se habría hecho con la intención de aflorar plusvalías en Hansa Urbana y TIP para mejorar el resultado de estas sociedades; en concreto, se detalla una operación en Cabo Cortés (México), con unos terrenos valorados por Tinsa en 443 millones de euros.

Pese a que la CAM contaba también con otra valoración efectuada por Richard Ellis que tasaba los terrenos en 196 millones de euros, se tuvo en cuenta la tasación de Tinsa, aunque no se habían obtenido las licencias preceptivas y por lo tanto no se podía iniciar el proyecto inmobiliario.

Debido a esta valoración la CAM pudo aflorar en el ejercicio contable de 2010 un resultado positivo de 40 millones de euros, que los auditores externos, una vez analizadas las cuentas, rechazaron.

Asimismo, a mediados de 2011 Hansa se encontró con una "crítica posición de liquidez", lo que llevó a la CAM, que tenía "mucha participación en ella", a reestructurar su deuda.

Para ello, se decidió efectuar un canje de la deuda que Hansa tenía en México, tomando como valor de los terrenos la tasación de 443 millones de euros, "sin que se hubiera producido ningún cambio en la concesión de licencias".

Ello ocasionó a la CAM, según el perito del Banco de España que examinó la operación, un perjuicio de 37,7 millones de euros, que posteriormente fue saneado por el Fondo de Garantía de Depósitos, que en total inyectó en la entidad 5.249 millones de euros.