El resto de grupos critica que no se hayan podido tramitar enmiendas
Horas antes, el pleno del Congreso aprobó igualmente, con los votos del PP y el rechazo del resto de grupos parlamentarios, el real decreto-ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto en todos los niveles educativos y conseguir un ahorro superior a los 3.000 millones de euros.
La Cámara ha rechazado la tramitación de la norma como un proyecto de ley, lo
que había sido pedido por varios grupos.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido que gracias a estas medidas se garantizan la sostenibilidad y universalidad de la sanidad pública, mientras que los otros partidos han criticado que la norma no se haya tramitado como un proyecto de ley al que poder presentar enmiendas.
El Congreso ha rechazado una petición en este sentido de los grupos parlamentarios, algo que ha justificado la ministra en que España atraviesa "un momento excepcional y de urgencia".
Mato ha resumido los objetivos de este decreto en garantizar el futuro de la Sanidad, cuya deuda se ha vuelto "insostenible", afrontar con "urgencia y determinación" que la situación se "volviese irreversible" y garantizar el derecho de los españoles a una sanidad universal, gratuita y de calidad.
El real decreto, aprobado por el Gobierno el 20 de abril, incluye actuaciones como el "copago" farmacéutico, que por primera vez tendrán que asumir los pensionistas, y medidas para controlar el "turismo sanitario" como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes ilegales.
En cuanto a la reforma educativa, el decreto, que el Consejo de Ministros aprobó el 20 de abril, permitirá a las comunidades reducir sus presupuestos en más de 3.000 millones de euros en conjunto, según el Gobierno, para facilitarles el cumplimiento del objetivo de déficit autonómico.
En el debate, los grupos de la oposición habían anunciado que votarían en contra de la norma, que ha sido apoyada por el PP, con mayoría absoluta en la Cámara.
Entre otras medidas de la enseñanza no universitaria, el máximo de alumnos por aula de centros públicos y privados concertados podrá aumentar un 20 por ciento desde el curso próximo.
El profesorado de la educación pública y concertada en infantil y primaria tendrá un mínimo de 25 horas lectivas semanales, y de 20 en las otras enseñanzas.
En las universidades públicas, los alumnos pagarán entre el 15 y el 25 por ciento, según decida cada comunidad, del coste real de los grados y de los másteres que habilitan para ejercer profesiones, y hasta el cien por ciento en segundas y sucesivas matrículas.
