El juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia ha condenado por concurso culpable a los antiguos responsables de Construcciones Villegas, José Manuel y Edmundo Villegas. En la sentencia se considera que ambos hermanos desviaron 837.000 euros a una tercera empresa de la que también eran socios y evitar así que ese dinero se hubiese destinado al pago de los acreedores. Según informa hoy el periódico La Verdad, el cheque se endosó días después de que Construcciones Villegas presentara concurso de acreedores y sin conocimiento del administrador concursal.

Construcciones Villegas, que fue una de las principales empresas de construcción de la Región, estuvo amenazada de concurso necesario por parte de los acreedores; para evitarlo, en abril de 2011 se acogió al artículo 5.3 de la Ley Concursal (preconcurso), y seis meses después, sin que hubiese logrado refinanciar la deuda, presentó concurso voluntario con una lista de un centenar de acreedores.

La empresa achacó sus problemas financieros a los problemas generados por la morosidad de las administraciones públicas por un capital de unos doce millones de euros. El pasivo, en cambio, llegó a ser en 2009 de 135,24 millones de euros, de los que 34,72 millones correspondían a entidades de crédito, mientras que 99,49 millones eran adeudados a proveedores. En ese momento disponía de unos fondos propios de 6,39 millones.

Posteriormente, en junio de 2012, ya administrada por orden judicial, la deuda se había reducido 88 millones y presentaba un activo de unos 80 millones, parte de los cuales correspondían a facturas pendientes de pago de las administraciones públicas.

Finalmente, el juez ordenaba su liquidación en 2014.

Durante la fase de calificación del concurso, el juez considera probado que Construcciones Villegas recibió 837.000 euros de Acciona como pago a la venta de su participación en una UTE constituida por ambas empresas. El dinero de este cheque no se destinó a rebajar la deuda de la constructora, si no que fue desviado a Viamart SL, de la que eran propietarios junto a otros miembros de la familia.

En la sentencia, que aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, se condena a José Manuel y a Edmundo al reintegro de esta cantidad, así como a una inhabilitación durante cinco años para gestionar bienes ajenos.