Han pasado ya varios días desde que pasó la DANA y aún se calibran los daños que ha dejado en Murcia y Alicante. El país entero se sobrecogía viendo las imágenes de los satélites del programa europeo Copernicus, en la que se podían observar los términos municipales de San Javier y Los Alcázares complemente anegados.

En la Región se calcula que los daños pueden haber superado los 600 millones de euros, según datos del Gobierno regional, y la consejería de Fomento insta al Estado a solicitar ayuda al Fondo de Contingencia Europeo. Además, se ha creado un grupo de técnicos y expertos de la región para diseñar medidas de prevención y contención de avenida, al objeto de mejorar la respuesta ante episodios similares en el futuro.

En las próximas semanas, esperamos conocer los resultados del estudio práctico que están realizando sobre la actual situación de la comunidad en materia de inundaciones, lo que servirá de hoja de ruta para tomar medidas a corto, medio y largo plazo. Y hablamos tanto del plano urbanístico como hidrológico.

Los agricultores apuntan a la CHS
Son muchos los agricultores que han perdido toda la cosecha en sus tahullas, con inversiones que, en algunos casos, han superado ampliamente los 70 000 euros. La DANA no solo ha traído la ruina al campo, sino unas perspectivas poco esperanzadoras: Hasta dentro de unos seis mes, no se podrá recoger lo que se siembre ahora.

Los agricultores esperan recibir ayudas similares las de 1987, cuando el Gobierno declaró la zona como catastrófica, aportó ayudas y concedió créditos al 0% de interés con carencias de al menos tres años. No quieren que sean los ayuntamientos los que gestionen en dinero, sino que les llegue a ellos directamente.

Mientras tanto, apuntan a la Confederación Hidrográfica del Segura, a quien achacan dejadez a la hora de mantener los cauces. Fuentes del sector han explicado a los medios de comunicación que el río estaba lleno de cañas, lo que impidió un desagüe normal. De hecho, la rotura de la mota del cauce en Almoradí se produjo cerca de donde tuvo lugar en 1987. ¿Qué ha pasado?

Los técnicos de la CHS piden paciencia a los agricultores, pero alguno podría estar pensando en emprender medidas legales contra las administraciones. Como mínimo, tal y como informan desde ACAL Abogados en Murcia, se pueden realizar reclamaciones a la administración por su responsabilidad patrimonial, para lo que es mejor contar con la asesoría de expertos que tengan experiencia en la materia. Este despacho, precisamente, ha defendido “miles de casos” relacionados, según nos cuentan.

Lo cierto es que resulta llamativo que la Confederación Hidrográfica del Segura gastara en 2018 cero euros a la limpieza del río, esto es, defensa de avenidas, y no lo hiciera por falta de presupuesto. Sin embargo, gastó más de seis millones de euros en secretaria general y presidencia. Así lo denunció a los medios Miguel Pedro Mazón, secretario-letrado del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela

La responsabilidad del mantenimiento de los cauces urbanos
José Antonio Córdoba, socio de Acal , recurre al artículo 28.4 de la Ley 10/20001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, para exponer que las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo son las que deben acometer actuaciones en los cauces públicos de zonas urbanas. Y eso sin perjuicio de las competencias que tiene la Administración hidráulica sobre el dominio público hidráulico.

Como la línea de competencias parece estar difusa entre administraciones, alude en este artículo dedicado al tema en febrero de 2018  a una sentencia del Tribunal Supremo en 2014 en torno al río Tormes y Salamanca, que determinó que “la limpieza del cauce de los ríos a su paso por zonas urbanas no es competencia del organismo de la cuenca”.

A pesar de ello, la sentencia hacía dos observaciones interesantes: por un lado, delimitaba el alcance de “zona urbana” a los espacios materialmente urbanos, de pueblo, ciudad o aledaños; por el otro, no afirmaba ni negaba que la limpieza del cauce del río competa al ayuntamiento. Determinar cuáles son las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio es una cuestión de derecho autonómico que excede las funciones del tribunal.

Córdoba también recuerda una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en mayo de 2015, que declaró que la competencia para la conservación y adecuación de arroyos en término municipal de Málaga era de la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de la ciudad, que debían recoger los residuos sólidos arrojados a esos arroyos.

Sin embargo, la Junta interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo y determinó que la competencia para realizar actuaciones corresponden al ayuntamiento de Málaga. Así, fijó que corresponde a los consistorios realizar las actuaciones de mantenimiento y conservación de los cauces públicos por zonas urbanas.

Entonces, ¿habría que dirigir las quejas al ayuntamiento, y no CHS? ¿Qué pasa cuando no se trata de zonas urbanas, que es donde se ven afectados los agricultores? Lo mejor es consultar a los expertos.