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TRIBUNALES

Valcárcel, imputado por prevaricación y malversación en el 'caso Desaladora'

Un Juzgado de Murcia admite a trámite la denuncia del TSJ contra el ex presidente autonómico

MurciaEconomía Martes, 29 de Octubre de 2019 Tiempo de lectura:
Valcárcel, arropado por sus consejeros, el día de su renunciaValcárcel, arropado por sus consejeros, el día de su renuncia

 

El juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha admitido la denuncia que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región presentó el pasado julio contra el expresidente de la Comunidad Autónoma y exvicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel en el caso de la desalinizadora de Escombreras (Cartagena).

 

El auto, al que ha tenido acceso Efe, señala que en la denuncia se atribuye a Valcárcel la presunta comisión por acción u omisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones.


La resolución judicial añade que, aunque hay presentado un recurso en la Audiencia Provincial de Murcia sobre el juzgado competente para investigar los hechos atribuidos al exmandatario, la ley de enjuiciamiento criminal señala que los jueces están obligados a ordenar las diligencias que consideren oportunas hasta que ese tribunal superior se pronuncie.

 

Así, se ha dirigido al juzgado de instrucción número 5 de Murcia que investiga el presunto caso de corrupción en torno a la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras para que le envíe testimonio de las actuaciones que ya ha desarrollado en relación a este caso de presunta corrupción.

 

Al mismo tiempo, ha dado cinco días de plazo a las partes para que se pronuncien sobre la petición del fiscal de que la causa sea declarada compleja, lo que permitiría al instructor disponer de 18 meses de plazo para investigar los hechos.

 

En este momento procesal, el juzgado no dispone ninguna otra medida con respecto a Valcárcel.

 

En la causa principal que se tramita en el juzgado de instrucción 5, en el que aparece como investigado, entre otros, el exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá, se investiga si se cometieron los citados delitos en el proyecto de desalinizadora de Escombreras, que se inició desde la empresa privada para ser asumida luego por la Comunidad Autónoma.

 

La fiscalía del Tribunal Superior ha sostenido desde el primer momento que los acuerdos adoptados en su día para favorecer el proyecto no pudieron ser posibles sin que Ramón Luis Valcárcel tuviera conocimiento de ellos.

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