
Dos empresas españolas -una de ellas murciana- han logrado incluir al gigante de comercio electrónico Amazon en un fichero de morosos, según informa Business Insider ampliando una información de El Confidencial.
Entre ambas reclaman una cantidad de 882.000 euros. La empresa murciana -que prefiere permanecer en el anonimato si bien se sabe que es una mercantil que suministra productos tecnológicos- detalla en un listado las facturas pendientes de pago, algunas de las cuales corresponden a noviembre de 2018.
Ya ha judicializado el conflicto y su demanda ha sido admitida a trámite por la justicia. En total, esta firma murciana reclama a Amazon más de 461.000 euros.
La otra es una empresa granada llamada Megasur, que reclama 420.000 euros a la multinacional de Jeff Bezos.
Amazon se limita a afirmar que "hay discrepancias" entre las partes y que no tiene "nada más que comentar al respecto".
Pero lo más llamativo del caso es que las reclamaciones de estas dos empresas han sido incluidas en un fichero de morosos. En concreto, se trata del listado Icired (Información Compartida de Impagos en la Red), creado por un abogado granadino en colaboración con las consultoras Informa (del grupo Cesce) y Everis.
Según un directivo de la empresa murciana, este hecho ha propiciado que Amazon haya comenzado a prestar atención a sus reclamaciones.
"Son facturas desde final del pasado año hasta mediados de este, cuando dejamos de trabajar con ellos. Además de no pagar, te retrasan injustificadamente el dar de alta las facturas en su base de datos, momento en el que empieza a contar el plazo de pago de 60 días. En julio acudimos a la justicia, que ha admitido a trámite nuestra demanda, pero hace dos semanas que Amazon nos reconoció el impago de al menos 300.000 euros. No entiendo cómo pueden acometer estas prácticas abusivas con sus proveedores", resume este directivo español en declaraciones a El Confidencial.
Icired, liderada por el abogado granadino Kike Agaz, pretende aglutinar los siete millones de impagos que -según sus cálculos- se producen anualmente en España y permanecen ocultos al ser entre pymes, administraciones o particulares.










