El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma ha aprobado este jueves el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). El texto tiene como objetivo regular las actividades y sectores que se desarrollan en el Mar Menor y su entorno, en base a las competencias que tiene la Administración regional, con el fin de lograr la recuperación del Mar Menor, y una de sus principales novedades es el endurecimiento de las sanciones a aquellas actividades que dañen la zona, y que pueden alcanzar los 500.000 euros en el caso de las más graves.
Entre los sectores regulados destaca la actividad agrícola, ganadera, pesquera, turística, cultural y de ocio, puertos y navegación y minería, y se establece la necesidad de poner en marcha la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras para el sistema socioeconómico del Mar Menor (que se encuentra en avanzado estado de tramitación en la actualidad), la Estrategia del Paisaje en la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, y un Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, todos ellos para incidir en la ordenación y gestión territorial y paisajística.
Entre las medidas se encuentra una limitación al cultivo de hortalizas a dos ciclos y la prohibición del cambio de uso de secano a regadío, así como la prohibición de construcción de puertos deportivos,
El Decreto lo componen 85 artículos en once capítulos, en los que se califica de tramitación preferente y de urgencia aquellas actuaciones previstas en la recuperación del Mar Menor, y establece un régimen sancionador y de control para asegurar su cumplimiento. Habrá sanciones leves, graves y muy graves con cuantías que van desde los 2.000 a los 500.000 euros. En cuanto a la zona de aplicación, reorganiza el entorno del Mar Menor en Zona 1 y Zona 2, que engloba las anteriores zonas 2 y 3.
Asimismo, se establece un procedimiento para facilitar la restauración de las instalaciones de residuos mineros abandonados y la recuperación de los emplazamientos afectados en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, regulando la responsabilidad y los medios para la ejecución forzosa y un programa de control de vertidos al Mar Menor para reducir los posibles aportes contaminantes y supervisar las redes de aguas pluviales, de saneamiento y de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.
Para la elaboración del Decreto Ley se han mantenido un total de 69 reuniones con 56 entidades, organizaciones, sectores o partidos políticos, cuyas iniciativas han sido valoradas e incluidas, en la medida de lo posible, en el texto. Además, se realizó un proceso de participación social que culminó con 327 aportaciones ciudadanas.
