El presupuesto de la comunidad autónoma para este 2020 ascenderá hasta los 4.753 millones de euros, 110 más que en 2019 (2,4 por ciento de crecimiento), de los que casi el 80 por ciento (3.765 millones) irán a parar a la prestación de servicios de sanidad, educación y política social, mientras que la recuperación del Mar Menor se llevará 55,9 millones de euros.
 

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha presentado este lunes el proyecto de presupuestos aprobado en Consejo de Gobierno extraordinario, el primero en la historia de la comunidad autónoma elaborado por un Ejecutivo de coalición (PP y Ciudadanos) y que ha venido precedido por la polémica por las condiciones impuestas por Vox para apoyar las cuentas en la Asamblea Regional, donde su voto es imprescindible para sacarlas adelante.
 

El primer punto del acuerdo suscrito con los ultraconservadores hacía referencia al denominado “pin partental”, la autorización que deben dar los padres para que sus hijos asistan a actividades complementarias, en funcionamiento en la región desde septiembre y sobre el que el Gobierno central ha hecho un requerimiento para que sea retirado.

Celdrán ha indicado al respecto que los servicios jurídicos autonómicos están estudiando en profundidad ese requerimiento que, dan por hecho, acabará en la vía judicial, si bien ha insistido en que la medida cuenta con los informes favorables de la Consejería de Educación y la inspección educativa.

Tanto ese punto como el resto de los que comprende el acuerdo con Vox, ha dicho, son más “políticos que presupuestarios”, por lo que no han tenido una incidencia directa en las partidas concretas del presupuesto, que cada consejero dará a conocer durante el trámite parlamentario, que comenzará previsiblemente en febrero y se prolongará durante aproximadamente un mes.

Con el presupuesto aprobado hoy, y que está condicionado por la insuficiente financiación que Murcia recibe del estado, ha dicho, el Ejecutivo invertirá unos 13 millones de euros cada día, 10 de ellos, para la aplicación de la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Así, como es habitual, el principal gasto del presupuesto se concentrará en las partidas destinadas a sanidad, 1.884 millones de euros, una cifra muy similar a la invertida en 2019 (2 millones más) y que supone el 30,6 por ciento del total de presupuesto y una inversión diaria de 5 millones de euros.

Cuatro millones al día se destinarán al mantenimiento de la educación pública, en la que se invierten este año 1.506 millones de euros, un 4,3 por ciento más que el año pasado, el mismo crecimiento que experimenta el gasto en políticas sociales, que llega a los 374 millones de euros (un millón cada día).

Los 988 millones de euros restantes se destinan, en casi una cuarta parte, a inversión en infraestructuras (237 millones), y otra quinta parte es para medio ambiente y agricultura (202 millones).

Los servicios transversales se llevan 173 millones de euros; 105 millones, el pago de intereses de la deuda, que roza ya los 10.000 millones; 108 millones a fomento del empleo; 81 millones a industria, investigación y telecomunicacioens, 38 millones a cultura y deporte, y 44 millones a seguridad ciudadana y protección civil.

No obstante, para Celdrán, junto con los servicios fundamentales, el gran protagonista de este presupuesto será el Mar Mnoer, para cuya recuperación se emplearán 55,9 millones de euros: 40,3 millones a medidas directas de protección y recuperación (muy por encima de los 28 millones de 2019) y 15,6 millones más a intervenciones en los municipios ribereños.

En concreto, hay prevista una partida de 11,2 millones para iniciativas de protección ecológico-ambiental; otra de 7,7 millones para infraestructuras de saneamiento; 7,8 millones para ordenación, residuos y movilidad; 6,3 millones para dinamización económica, 5 millones para biodiversidad y mantenimiento del entorno y 2,3 millones para dinamización turística, a los que se suman 10,9 millones para obras en infraestructuras de los municipios y 4,7 millones más para otras inversiones en esos ayuntamientos.

A esas cifras, Celdrán ha confiado poder sumar otros 200 millones de euros a través de un préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que debe ser autorizado por el Gobierno central para que no compute como déficit, y que se destinarían íntegramente a poner en marcha las medidas del plan de vertido cero.

Para Celdrán, estas son las mejores cuentas posibles, aunque no las deseables, dada la importante infrafinanciación que sufre la región, donde cada murciano recibe al año 818 euros menos que un cántabro (los mejor financiados) y 215 euros menos que la media del país.

Ello sumado a que el objetivo de déficit marcado para 2020 es del 0 por ciento del PIB hacen que sea imprescindible reformar sin más demora el sistema de financiación autonómica, ha advertido, un sistema, ha dicho, que ha generado en torno al 85 por ciento de la deuda total de la comunidad y que coloca a la región en una situación de “desventaja competitiva” con otras comunidades y que el Gobierno trata de suplir con rebajas de impuestos para hacer más atractiva la inversión.

De hecho, a pesar de que la región ha crecido y generado empleo por encima de la media nacional, sus ingresos no han recuperado aún los valores de antes de la crisis: en 2008 eran de 4.715 millones de euros, frente a los 4.709 de este año, por lo que la reforma es “urgente” y “no puede aplazarse”.