El Ministerio de Hacienda retendrá un porcentaje de las entregas a cuenta que realiza a la Comunidad Autónoma para asumir directamente el pago a los proveedores de la administración regional al haber incumplido ésta durante dos meses consecutivos el plazo máximo de abono de esas facturas.
Así se lo ha comunicado el Estado al Gobierno regional en un requerimiento notificado este martes a la Consejería de Hacienda de Murcia, que acumula una deuda comercial superior a los 200 millones de euros con sus proveedores y sumó hasta 80 días de plazo medio de pago los pasados agosto y septiembre.
El consejero del ramo, Javier Celdrán, en rueda de prensa junto a la directora general de Presupuestos, Begoña Iniesta, ha calificado de "injusta, arbitraria, oportunista e irresponsable" esta medida restrictiva sobre la autonomía de Murcia, y ha dicho que las demoras en el pago a proveedores las ha provocado el propio Ministerio por la deuda del IVA, la infradotación financiera y los atrasos en las entregas a cuenta que realiza cada quince días a la región.
A juicio de Celdrán, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha impuesto un nuevo escalón en las medidas restrictivas sobre el presupuesto" autonómico, que ayer mismo fue llevado al Parlamento regional por el Ejecutivo de Fernando López Miras, atendiendo a criterios exclusivamente políticos y con la única finalidad de "intentar perjudicar y penalizar" las cuentas de la Administración regional.
Ha considerado "perverso" que el gobierno reconozca que el modelo de financiación autonómico es injusto pero imponga a la vez medidas de ajuste adicionales, y ha insistido en que la economía de Murcia "funciona", como lo demuestra el hecho de que en los diez años de vigencia del sistema de financiación actual haya crecido el empleo regional el 7,7 por ciento, más del doble que la media nacional.
"Murcia hace una gestión responsable de sus recursos. Aquí no hay despilfarro en EREs ni en referendum ilegales", ha subrayado el titular de Hacienda y consejero también de Presidencia, para quien el Gobierno "castiga a esta comunidad dándole una patada en el culo" con un requerimiento que supone "un hito más en la estrategia desleal y mezquina" de castigo a la región.
Ha añadido que Murcia merece el trato que reciben otras regiones y ha asegurado que estas retenciones, que se aplicarán durante los próximos seis meses, generarán más tensiones de tesorería en las cuentas públicas.
Por otro lado, ha informado de que el Ministerio de Hacienda, en su comunicación oficial, ha requerido a la intervención general de la Comunidad Autónoma que traslade el montante de la deuda comercial que arrastra Murcia para calcular, a partir de ahí, el porcentaje de dinero que pagará directamente a los proveedores y retendrá a la Administración regional.
A preguntas de los periodistas, ha señalado que esta medida ya se aplicó en 2017 a las autonomías de Aragón y Extremadura y que la penalización se extiende durante seis meses.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda afirma en un comunicado que "en cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012, pagará directamente a los proveedores en Murcia. Esta medida, contemplada en la citada norma, se produce después de constatar el reiterado incumplimiento del Gobierno de Murcia con los plazos legales de pago a proveedores a pesar de los avisos comunicados desde 2016".
"Con esta decisión, basada en criterios objetivos fijados en la ley de Estabilidad y que ya se ha aplicado anteriormente, Hacienda pretende garantizar que los proveedores, que incluyen pymes y autónomos, no sufren una elevada morosidad que ponga en riesgo su viabilidad", añade el Ministerio.
"La Ley de Estabilidad establece que el Ministerio de Hacienda debe realizar el seguimiento de los periodos medios de pago (PMP) de las Comunidades Autónomas, cuyo límite legal es de 30 días. En este sentido, la norma contempla que, en caso de que se produzcan incumplimientos que sean reiterados (durante más de dos meses) y excedan en más de 30 días el plazo máximo de 30 días establecido en la normativa de morosidad, se apliquen medidas “preventivas, correctivas” y, en última instancia, “coercitivas", indica el Estado.
