El diseño constitucional del Estado de las Autonomías, el famoso Titulo VIII de nuestra Constitución, configuraba un modelo innovador de distribución territorial del poder en España.

Pasábamos del estado centralista de la época franquista, a un formato que no era ni federal, ni apostaba por el fortalecimiento de la figura del municipio, por ej, sino que establecía una serie de comunidades autónomas ( y ciudades autónomas, como Ceuta y Melilla), que se convertían en actores políticos con los que el Estado concertaba un Estatuto – norma básica del Estado Autonómico- y una serie de competencias, unas marcadas en la Constitución, y otras transferidas por ser declaradas transferibles en la Carta Magna. Otras quedaban de la competencia exclusiva del Estado.

En principio se trataba de mejorar la gestión de los asuntos públicos, reconocer cierta identidad a determinados territorios históricos y, en general,  de establecer una arquitectura regionalizada del poder político.

Materias tales como turismo, industria, agricultura, medio ambiente, obras públicas, la promoción económica...etc, no parecía que supusiera un problema el que se gestionaran directamente sobre el terreno, por las autoridades democráticamente elegidas en cada territorio.

 Y mi opinión es que, para ese paquete de asuntos públicos, lo de las CCAA ha funcionado bien. Se ha criticado el agrandamiento de la Administración, de los cargos políticos y de confianza, los parlamentos regionales…en fin, críticas que entran dentro de un repertorio aceptado.

Pero después las cosas han evolucionado de otro modo. Porque se transfirió prácticamente la totalidad de las competencias de orden público y seguridad ciudadana a policías autonómicas, y esto yo creo que no mejoraba la gestión de los asuntos públicos. Se transfirió la vigilancia de la seguridad del tráfico. Y esto lo que significaba, con lo anterior, era una visualización de que la Guardia Civil y la Policía Nacional se retiraban de determinadas zonas de España.

Se traspasaron generalizadamente competencias en materia de Educación, cuando esta es una cuestión clave estatal. Es un tema no “ de Estado “, sino del Estado. SE transfirió innecesariamente el Instituto Nacional de la Salud, la Administración Sanitaria Estatal, a las comunidades autónomas. En qué mejoraba esto la gestión de los asuntos públicos, en qué acercaba más al ciudadano la Administración.

Se enviaron a distintas comunidades autónomas transferencias en ferrocarriles de vía estrecha, dígame usted querido lector el avance en gestión administrativa que supone esta iniciativa. En que se diferencia que esté en manos del Estado o en manos de la Consejería correspondiente.

Y ahora toca el turno a la gestión de la Seguridad Social y régimen penitenciario, entre otras, que inicia su ruta hacia el País Vasco, mientras se pide la retirada de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra….

El Estado queda con Exteriores, Defensa, Competencia y Justicia básicamente. Bueno, y Justicia así así, dado que un tribunal europeo puede enmendar la plana al mismísimo Tribunal Supremo de España ( que no es un juzgado centroafricano, con todos los respetos), y posibilitar que fugados de la justicia española residan cómodamente en Bélgica y además puedan sentarse en el Parlamento Europeo. Desde luego, este último ítem es para darle una pensada.

Por último, no olvidemos que la política monetaria española está cedida a la zona Euro, hablando en términos coloquiales, y que la planificación hidrológica es un jeroglífico.

Educación, Sanidad, Seguridad Ciudadana, Prisiones, Seguridad Social ( gestión...), Tráfico…todo en todas o algunas comunidades, con sus Gobiernos, sus altos cargos, sus parlamentos, su sector público y función pública, su sector parainstitucional. Su Defensor del Pueblo Regional… Piensen si lo que se pensó en el 78, podemos pensarlo ahora.

Piensen – pero no lo pregunten a ningún amigo europeo – si esto es un sistema competente de gestión de competencias.

Spain is different, no?