El Estado ha dado luz verde para que los contratos entre los productores y el primer comprador cubra los costes de producción y prohibe la venta a perdidas. Dichas medidas han tenido buena acogida entre las organizaciones agrarias murcianas pero temen que los distribuidores europeos busquen la oferta más barata en terceros países. El Consejo de Ministros ha aprobado reformar la Ley de la Cadena Agroalimentaria para que los contratos donde se establece el precio que el primer comprador va a pagar al productor cubra los costes de producción. Esta es la medida estrella del Real Decreto Ley de medidas urgentes que ha calmado «un poco» los ánimos de los agricultores y ganaderos.
Con esta medida, el Gobierno sancionará a los operadores dentro de la cadena de distribución si venden a pérdida. Dicha práctica está considera como infracción grave lo que puede acarrear multas de entre 100.000 y 3.001 euros. Si es reiterada, la infracción será 'muy grave' con multas de hasta un millón de euros. De esta manera los agricultores y ganaderos contarán con una referencia pública de los costes para que puedan guiarse a la hora de cerrar un contrato con las distribuidoras. Estas medias han sido acogidas muy positivamente por los distintas organizaciones agrarias de la Región, que ven un avance a la hora de materializar sus reivindicaciones, aunque dudan sobre la «aplicación efectiva de estas medidas» y exigen para futuras negociaciones alcanzar acuerdos en materia fiscal.
La organización agraria UPA ha calificado de “conquista histórica” los cambios en la Ley de la cadena agroalimentaria. “Llevamos demasiados años luchando por lo aprobado hoy. Pero esto no acaba aquí. Las movilizaciones convocadas seguirán”, ha declarado Lorenzo Ramos. En espera de esas medidas de apoyo urgente, Ramos ha asegurado que las movilizaciones ya convocadas se celebrarán, “y con más fuerza si cabe, pues comprobamos que si se lucha con argumentos, con contundencia y de forma pacífica se consiguen cosas”, ha declarado. El decreto de medidas urgentes de apoyo a los agricultores y ganaderos responde a muchas de las reivindicaciones por las que UPA lleva luchando más de una década.
La trasposición de la Directiva de la UE de prácticas comerciales desleales “debe aprovecharse muy bien”, aseguran desde UPA, para introducir los cambios que reclaman y lograr cambios estructurales que “aseguren un futuro en el que los agricultores y ganaderos progresemos y no desaparezcamos”, ha señalado. Entre los temas que siguen pendientes y son urgentes está la aprobación de un paquete de medidas de apoyo fiscal a los agricultores y ganaderos como la reducción de las cuotas del IRPF en el régimen de módulos, la rebaja de las tarifas eléctricas para el regadío o la subida del IVA compensatorio. “Cuestiones de impacto rápido que deben evitar la quiebra de más explotaciones. No podemos permitirnos que ni un compañero ni compañera más se queden en el camino”, ha asegurado Ramos.
El Gobierno también señala que papel de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) se verá reforzado para velar por el cumplimento normativo, ha dicho el ministro, quien también pedirá a las comunidades autónomas implicación en este cometido. La modificación incrementa las sanciones previstas si no se cierran los contratos por escrito: en la Ley de 2013 era una infracción leve y ahora pasa a ser grave. Se obliga también a incluir en los contratos que firman los agricultores con los fabricantes y supermercados el coste de producción original cuyo cálculo lo cerrarán de mutuo acuerdo las partes o bien se guiarán por índices de referencia públicos que, según el ministro, ya están disponibles y se irán ampliando.
En ese sentido, se podrán tener en cuenta factores tales como los costes de las semillas y las plantas de vivero, energía, herbicidas, fitosanitarios o costes laborales. Además, a partir de ahora se prohíben las "promociones de carácter engañoso" que inducen a "error" sobre el precio e imagen de los productos. Las organizaciones de consumidores y usuarios habían mostrado su preocupación por el posible encarecimiento del precio del producto en el punto de venta como consecuencia de estas medidas, pero Planas no cree que vaya a suceder: "Si cada uno consigue asumir su responsabilidad en la cadena alimentaria es perfectamente posible que el precio de venta al público no se incremente".
Por otro lado, el papel de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) se verá reforzado para velar por el cumplimento normativo, ha dicho el ministro, quien también pedirá a las comunidades autónomas implicación en este cometido. El paquete de medidas incluye otras novedades, como permitir el pago fraccionado de los impuestos por la ayuda concedida a jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad; la reducción de 35 a 20 peonadas para recibir el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura; y se amplía el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo para que controle los alojamientos destinados a temporeros.
También recoge una bonificación dirigida a los empresarios agrícolas para incentivar la conversión de contratos eventuales en fijos discontinuos. El Gobierno no ha cuantificado el coste de estas medidas de tipo fiscal, aunque ha asegurado que tendrán poco impacto debido a que el número de beneficiarios será limitado en comparación con toda la población trabajadora en España.
Este real decreto ley se tramitará como proyecto de Ley, tras ser convalidado por el Parlamento, porque Planas quiere que sea "objeto de consideración y debate por parte de los grupos parlamentarios". La aprobación de estas medidas se produce en un día en el que las protestas de los productores continúan en la calle, donde hoy destacan los cortes de carreteras en Sevilla, Jaén y Alicante.
