
El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy instar al Gobierno de la Nación a tomar medidas que favorezcan a los trabajadores y las empresas de la Región de Murcia por la irrupción del virus COVID19 a nivel mundial, declarada pandemia ayer por la Organización Mundial de la Salud, que está teniendo un impacto de consecuencias imprevisibles sobre la economía nacional e internacional.
Por un lado, el Ejecutivo regional insta al Gobierno central a aliviar los costes de las empresas relajando la presión impositiva, ya sea a través de reducciones del impuesto de sociedades, que podrán llegar a su completa exención en zonas declaradas en cuarentena, o estableciendo facilidades en el pago de tributos como el IVA. Asimismo, reclama una descarga de los costes laborales de las empresas, con aplazamientos en el pago de las cotizaciones o la asunción por parte del Estado de la cotización en caso de bajas por cuarentena.
Además, el Consejo de Gobierno insta al Gobierno de la Nación a dar cobertura a los trabajadores o autónomos que se vean afectados por la epidemia, ya sea a través de fórmulas que impidan la pérdida de prestaciones sociales en los casos de suspensión temporal de la actividad de la empresa, o permitiendo al autónomo acceder a la prestación por cese de actividad al considerarse fuerza mayor el negativo impacto que la epidemia tenga en el negocio.
Por otra parte, el Gobierno regional insta al de la Nación a adoptar medidas que inyecten liquidez a las empresas, creando un Fondo de Garantía para pymes y autónomos, ya sea a través del ICO, el BCE o el BEI, que respalde a nuestras pequeñas y medianas empresas ayudándolas a afrontar los graves problemas que plantea la epidemia a nivel nacional e internacional, como por ejemplo, la falta de abastecimiento de suministros.
Por último, el Gobierno regional pide al central el aplazamiento de cuantas reformas había planteado en materia de incremento de la presión impositiva a empresas y autónomos, así como las anunciadas subidas de las bases de cotización, que tendrían unos efectos contraproducentes en el actual escenario de recesión económica.
La adopción de estas medidas se hace imprescindible tanto por la propagación de la enfermedad como por las inevitables medidas de contención de la pandemia adoptadas, que están teniendo una incidencia directa en la actividad económica de las empresas regionales y en la actividad también de los trabajadores autónomos murcianos.
Estos efectos colaterales a las consecuencias puramente sanitarias son más importantes por el impacto del coronavirus en el comercio internacional, que afecta especialmente a comunidades netamente exportadoras, como la Región de Murcia, cuya tercera parte del PIB procede de las ventas al exterior, por lo que se hace imprescindible la adopción de medidas que ofrezcan estímulos de forma coordinada a la actividad y logren minimizar el impacto que pueda tener la expansión del COVID19.
El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy jueves, también ha autorizado destinar 5,6 millones de euros para las obras del primer tramo de la Ronda Sur Central de Lorca, que permitirá la conexión de los barrios de Apolonia y San Diego, el primero de los cuatro tramos de los que consta esta ronda de circunvalación de la ciudad.
En atención social, el Ejecutivo regional ha autorizado sendos convenios con los ayuntamientos de Aledo, Blanca, Torre Pacheco, Ulea y Villanueva del Río Segura para ofrecer el servicio de ayuda a domicilio a las personas en situación de dependencia de estos municipios, durante los próximos dos años, por un importe global de 593.308 euros.
El Consejo ha dado luz verde asimismo a la contratación del suministro para material sanitario empleado en mantener permeables las vías aéreas de los pacientes, por importe superior a 1,6 millones de euros, así como a un convenio con el Ayuntamiento de Yecla dirigido a coordinar acciones en seguridad alimentaria y zoonosis para garantizar la protección de la salud frente a los riesgos alimentarios.
Entre otros acuerdos, el Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio de colaboración entre la Comunidad y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para el uso de instalaciones y colaboración en la formación del alumnado.



