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COVID-19

Sánchez anuncia un plan de 200.000 millones para frenar el impacto de la crisis

El Estado lanza también una línea de avales por valor de 100.000 millones para garantizar la liquidez de las empresas

MurciaEconomía Martes, 17 de Marzo de 2020 Tiempo de lectura:

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la movilización de 200.000 millones de euros, casi un 20 % del PIB, para combatir los efectos económicos de la epidemia de coronavirus. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha avanzado que de esta cantidad, "la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España", 117.000 millones serán "íntegramente públicos" y el resto, privados.

 

La mayor parte de la aportación pública, 100.000 millones de euros, corresponde a una línea de avales que el Estado pondrá a disposición de las empresas, que permitirán movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones si se suma la colaboración del sector privado. Además, el Consejo ha aprobado también avales adicionales por 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras, con mecanismos ágiles y que favorezcan especialmente a las pymes.

 

Sánchez ha afirmado durante su comparecencia frente a los medios que "no vamos a dejar a nadie atrás", y ha añadido que "el Estado va a asumir ese choque que significa el frenazo en seco de la economía española". La movilización de estos recursos "en un muy corto espacio de tiempo" será un "esfuerzo enorme", ha señalado el presidente, que ha explicado que el objetivo es que la crisis tenga forma de "V" y no de "L", es decir, que la caída se vea seguida por una recuperación en lugar de por un estancamiento.

 

Al mismo tiempo, se manda un "contundente" mensaje al mercado: "El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo" porque no se va a permitir que "problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia".

 

El presidente ha señalado además la necesidad de que la sociedad civil, pymes, grandes empresas, autónomos y economía social asuman que "la crisis es temporal y debe tratarse como temporal" y, por ello, "todos debemos facilitar a los demás la aceptación de este periodo difícil" Ha instado así a abrir una "cadena de solidaridad" porque "este frenazo en seco de la economía española es temporal y luego habrá que hacer frente a una reconstrucción del país".
 

El pasado jueves el Gobierno había aprobado un primer paquete de medidas para hacer frente a los efectos del coronavirus, entre las que incluyó otra línea ICO de 400 millones de euros para el sector turístico, de transportes y de hostelería. Por otra parte, Sánchez ha subrayado que España necesita "unos presupuestos de emergencia" que serán "de reconstrucción social y económica", por lo que intentará pactarlos con todas las fuerzas políticas, ya que las consecuencias de esta crisis "van a implicar un sobreesfuerzo".
 

Sin embargo, ha añadido que las cuentas se presentarán cuando se haya "vencido definitivamente al virus", ya que ahora mismo ningún organismo cuenta con unas previsiones económicas capaces de evaluar el choque que la epidemia va a tener en el PIB o el empleo.

 

El Estado -ha añadido- va a dar toda la liquidez que necesite el tejido empresarial para solventar los problemas coyunturales derivados de la caída de la actividad y evitar así que deriven en problemas de solvencia.El Gobierno ha aprobado que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social. 

 

Este Decreto ley aprobado por el Gobierno señala que esta prestación, que duraría un mes pero se podría prorrogar, se calculará con el 70 % de la base reguladora o con el 70 % de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.

 

Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

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