Barceló Hotel Group ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor para el cien por cien de su plantilla en España que afecta a 6.500 trabajadores, han informado a Efe fuentes de la compañía hotelera mallorquina.

El cierre de los 68 hoteles en España y la suspensión de actividades en las oficinas centrales por la pandemia de coronavirus ha llevado a la hotelera a tomar esta decisión.

El ERTE afecta al cien por cien de la plantilla y los hoteles mantendrán un mínimo de personas, básicamente la dirección, servicios técnicos y seguridad, para mantener todo listo para la reapertura.

En cuanto a las oficinas centrales, la hotelera ha presentado un ERTE de reducción que afecta a todos los empleados de hasta un 50 % de jornada y salario por el cese de la actividad y los ingresos.

También se han cerrado o se está preparando la clausura de la mayoría de los hoteles que tiene fuera de España por el parón del negocio turístico debido a las restricciones de movimientos dictadas por la mayoría de los países para prevenir el COVID-19.

En cada país se está adecuando la fórmula de suspensión temporal del empleo a la legislación vigente, han explicado desde Barceló.

La empresa afirma que se verá afectada la práctica totalidad de los 30.000 empleados de Barceló Hotel Group mientras dure la crisis sanitaria mundial, y que la intención es retomar la actividad tan pronto como sea posible.
 

Por su parte, Meliá Hotels International ha presentado este miércoles un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los empleados de sus hoteles, oficinas corporativas y regionales ubicadas en España que afecta a 8.382 trabajadores.

La compañía ha informado de esta medida, de la que quedan fuera únicamente el máximo órgano de dirección, los VP's, directores de operaciones y directores de hotel, que mantendrán el desarrollo habitual de sus funciones con la reducción de sus salarios al 50 %.

Esta decisión responde a las medidas excepcionales de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor aprobadas por el Gobierno de España, a la que pueden acogerse las empresas que hayan perdido su actividad como consecuencia del COVID-19.

En conjunto, el expediente presentado afectaría a 1.050 personas en las oficinas corporativas y a 7.332 en los hoteles ahora cerrados.