El Banco de España ha advertido sobre determinadas políticas públicas, como el control de precios sobre el alquiler, que merman la seguridad jurídica y reducen la oferta de una actividad muy afectada por la pandemia del coronavirus. En un documento sobre el mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019, el organismo explica que la pandemia de la COVID-19 generará una profunda contracción de las rentas y de la actividad económica, lo que previsiblemente impactará en la situación del mercado inmobiliario.

A corto plazo, las medidas temporales aprobadas por el Gobierno para aliviar la presión financiera de los segmentos más vulnerables, como la moratoria de las hipotecas o el aplazamiento del pago de los alquileres, contribuirán a mitigar alguno de estos efectos. Pero a medio plazo la incertidumbre es mayor, ya que algunas propuestas generan distorsiones en el mercado y perjudican la seguridad jurídica, además de desincentivar "el necesario incremento de la oferta para absorber el aumento estructural de la demanda".
 

En concreto, el Banco de España se refiere a la limitación de precios del alquiler, que si bien se aplican en áreas con tensiones importantes de precios para mitigar los problemas de accesibilidad y tienen efecto de forma inmediata en el gasto de ciertos colectivos, no atajan las causas subyacentes al problema de accesibilidad.
 

Además, pueden generar una contracción adicional de la oferta en las áreas reguladas y aumentar los precios fuera de ellas. Más efectivo considera el Banco de España aumentar la oferta agregada de vivienda en arrendamiento a disposición de los colectivos más vulnerables, aunque señala su elevado coste presupuestario, que en la práctica las limita a los colectivos más vulnerables, y el riesgo de desplazar a la oferta privada.