«La pobreza no está solo para entenderla, sino también para solucionarla» (Vicente Ferrer, premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998)

Constituye un deber ético preguntarnos sobre las herramientas más adecuadas para que la pobreza, la desigualdad y la ausencia de libertad personal, no constituyan las compañeras vitales de un gran número de personas. O, dicho de otra manera: El sufrimiento y desgracias actuales son experiencias que nos obligan a mejorar nuestra sociedad.

No se trata de embelesarse en meras utopías sin opción de ser implementadas; pero, tampoco, de resignarse a la mera gestión cortoplacista, que pospone sin término las reformas estructurales o sistémicas sin las cuales, es imposible afrontar las nuevas necesidades.

Con este propósito y enraizado en nuestra querida España, si los umbrales de pobreza y desigualdad antes de la devastación económica actual, eran ya vergonzantes (incluso a juicio de la Comisión Europea); hoy, las necesidades mínimas vitales de un gran número de ciudadanos, exigen programas de asignación de rentas, suficientes y realistas.

De todas las herramientas que se han alumbrado o precisado por los expertos, en la última década, quiero detenerme en dos. A saber: la renta básica universal (RBU) y el ingreso mínimo vital (IMV).

Ambas iniciativas tienen en común la transferencia de rentas a las personas con la finalidad de garantizarles unos ingresos dinerarios mínimos, pero difieren en gran medida.

El IMV es una prestación que tiene como características:

• No es universal (para todos los ciudadanos) sino solo aquellos que no superen ciertos niveles de ingresos y patrimonio (por ejemplo, menores al 30% de la renta media y patrimonio inferior a 100.000 euros sin contar la vivienda habitual); y, estén dentro de un determinado intervalo de edad (23 a 65 años).
• Puede ser temporal o permanente.
• Cuantía variable en función de las personas a cargo del perceptor.
• Incompatible con el cobro de nómina o ingresos por trabajo autónomo. Aunque a veces su diseño permite compatibilizarlo con trabajos de escasa remuneración.
• Impone la obligación de buscar empleo y/o participar en cursos de formación o capacitación.
• Asistencial y no contributiva, en cuanto no exige que se haya cotizado anteriormente.
• Solo a nacionales o residentes legales, con diferentes requisitos de antigüedad de la residencia.
• Está sujeta a concesión, evaluación y control por la Administración Pública concedente.

Programas de IMV ya existen en todas las Comunidades Autónomas (CCAA), entre los cuales el de mayor importe, es el implementado en el País Vasco (que oscila entre 665 € para solteros hasta 1.003 € para familias) que también tiene mayor cobertura, ya que alcanza a unos dos tercios de las personas en situación de pobreza, en su ámbito territorial.

Y, ahora, el Gobierno del Reino de España, ha anunciado la aprobación esta misma semana de un IMV compatible con tales sistemas asistenciales de las CCAA y Ayuntamientos y con el cobro de una nómina, con carácter permanente, e importes mensuales desde los 462 € (adulto) hasta 1.025 € (dos adultos con más de dos hijos). Según las declaraciones del Ministro responsable, llegaría a un millón cien mil familias vulnerables, con un coste estimado para la Seguridad Social de 3.000 millones de euros anuales.

Se trata de un IMV estatal muy similar al que ya existe en otros países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Holanda, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Chequia o Estados Unidos.

La RBU es una prestación que tiene como características:

• Básica, por cuanto su cuantía es la mínima para sobrevivir.
• Universal, ya que se abona a todo nacional o residente legal.
• Individual, destinada a cada persona con independencia de su situación familiar.
• Regular, se percibe periódicamente (generalmente cada mes).
• Incondicional, no está sujeta a límites de renta y patrimonio; ni implica obligaciones para el perceptor (como buscar empleo); y, por tanto, no requiere concesión, evaluación o control de la Administración Pública.

La Comisión Europea (UE) el pasado día 15 acordó registrar una iniciativa ciudadana para implementar un Ingreso Básico Incondicional en toda la Unión. De modo que, si sus impulsores consiguen, en un año, un millón de firmas de al menos siete países diferentes, la propia Comisión Europea deberá tomar en consideración la iniciativa y responder.

La iniciativa, consiste en que la Comisión presente “una propuesta de ingresos básicos incondicionales en toda la UE, que reduzca las disparidades regionales para fortalecer la cohesión económica, social y territorial en la UE; sin reemplazar al estado de bienestar, que se paga a todos, sin una prueba de medios e incondicional como un "derecho humano y legal". 

En la Comisión creada en Congreso de los Diputados sobre la Reconstrucción Económica, uno de los expertos invitados es, precisamente Daniel Raventós, claro partidario de la RBU y presidente de Red Renta Básica (http://www.redrentabasica.org/rb/);   quien ha dicho: “no tengo esperanzas de que el Congreso apruebe ahora una RBU, pero es algo que se va a terminar haciendo"; y considera "extremadamente insuficiente" el IMV que plantea el Gobierno, que define como "una variante más de los miles de subsidios para pobres que se conocen".

El importe mensual de la RBU, se ha cuantificado en España por sus partidarios, en 715 € que recibirán todos los residentes adultos acreditados y 143 € los menores.

Los recursos anuales que serían necesarios destinar en España, para atender dicha RBU dependen de dos escenarios posibles, según el estudio realizado por BBVA.

Escenario 1: redistribución de todas las transferencias públicas, preservando sanidad: No hay aumento de la presión fiscal sino solo una redistribución del gasto público actual.

Escenario 2: a partir de la propuesta citada de Raventós, Arcarons y Torrens: La RBU solo sustituye las prestaciones y subsidios (pensiones, desempleo, familia, vivienda, etcétera), equivalentes en 2010 a 92.222 millones de euros (1).

• Coste total de la renta básica: 280.092 millones de euros (2); a razón de 7.471 euros al año por adulto y 1.492 euros al año por menor de edad, para 43.746.430 beneficiarios totales.

• Coste neto total de la renta básica universal: (2) - (1) = 187.870 millones de euros, equivalente al 17,4% del PIB.

Para obtener los 190.000 millones de euros anuales que supone la RBU en el arcas del Estado, algunos de sus partidarios proponen una profunda reforma del sistema fiscal, con un notable incremento de los tipos impositivos; con subidas en el Impuesto de Sociedades con un tipo mínimo del 15% sobre los rendimientos, eliminando todas las bonificaciones y exenciones; IRPF con un tipo medio para todas las rentas salvo la RBU al 49%; e Impuesto sobre el Patrimonio, con tipos entre el 1% y el 5% (e incluso superiores).

En mi opinión, el IMV  puede ser una respuesta adecuada a las necesidades actuales de las personas y familias más vulnerables; pero no deja de ser un programa más de subsidio, con altos costes de gestión, al ser atribuida a una Administración Pública ya de por si colapsada, que ha de dedicar recursos humanos y materiales, a la concesión, control y corrección de abusos o errores, de modo duradero en el tiempo; además con duplicidades con los  IMV de las CCAA ya implantados; con las dudas sobre su efectividad y la inevitable estigmatización de los perceptores. Y como apuntaba el profesor de IESE José Ramón Pin Arboledas: “Electoralmente el IMV al depender de la decisión de la Administración puede crear dependencia política. El temor psicológico a perder ese ingreso puede hacer cautivo el voto”.

Es decir, el IMV no supone ni requiere una transformación profunda de los sistemas de subsidios, programas contra la pobreza, tributarios, reforma de las Administraciones Públicas, ni redefinición del “contrato social constitucional”, entre otros. Tan solo precisa acertar en su diseño para que cumpla los fines para los cuales se crea; máxime ahora con un Estado altamente endeudado y atenazado por déficits acumulados en años.

Por el contrario, la RBU, a mi juicio, solo es posible si es acompañada de una profunda redefinición de muchos aspectos que estructuran nuestra sociedad; a fin de dotar de recursos públicos para financiar de modo sostenido en el tiempo el enorme gasto que supone (unos 190.000 millones de euros); teniendo en cuenta:

1º La RBU supone optar por la libertad y responsabilidad individual, pues a cada ciudadano se le atribuye un derecho incondicional de contenido económico, para atender sus mínimas necesidades vitales; de cuyo uso, será exclusivamente responsable.

2º Supone un ahorro en la gestión administrativa, respecto a los actuales sistemas de transferencia de rentas por diversas causas; a los cuales sustituiría,

3º No estigmatiza a sus beneficiarios, ya que, es percibo por todos y, por tanto, llega a todas las personas necesitadas.

4º No crea clientelismo electoral, por cuanto es un derecho permanente cualquiera que sea el partido político en el poder y, consecuentemente, no influye en el voto.

5º Incrementa la identificación del ciudadano con la comunidad nacional y su expresión política, el Reino de España, pues es percibido en todo el territorio nacional con la misma cuantía.

6º Requeriría de una profunda reforma de nuestra estructura institucional que nos haga ganar en eficiencia y ahorro costes estructurales (no podemos mantener cinco niveles de organización pública, con duplicidades y redundancias: municipal, provincial, autonómico, estatal y  europeo); y, en particular, de todas las Administraciones Públicas, a fin de liberar recursos públicos tras las necesarias reasignaciones de tareas ya sin contenido,  de inversiones tecnológicas, digitalización y transición a un sistema único electrónico, con las debidas excepciones.

En cualquier caso, como se ha indicado en un reciente artículo publicado por la London School of Economics: "El debate sobre los ingresos básicos necesita una investigación de alta calidad"; en particular la necesidad de implementar programas de micro simulación, que evalúen, adecuadamente, la situación actual que, desgraciadamente, nada tienen que ver con la “normalidad” anterior a la pandemia.

Javier Escolano Navarro