El Registro de Economistas Forenses (REFOR) -órgano especializado en materia de insolvencias del Consejo General de Economistas de España- ha enviado al Gobierno un documento con diez propuestas para evitar que las empresas tengan que ir a concurso y para reducir la judicialización de las quiebras.

En una misiva remitida a los ministerios de Economía y Justicia, se detallan diez propuestas para la gestión de insolvencias, dado que en breve se traspondrá la directiva europea cuando el efecto de la pandemia de coronavirus producirá graves problemas de tesorería.

La asfixia económica de las empresas, indica REFOR en un comunicado, provocará un aumento exponencial en el número de declaraciones de concurso, un sistema que se percibe como un estigma para el empresario y al se suele acudir cuando las condiciones económicas son ya muy negativas.

Hay alternativas, señala REFOR, como la segunda oportunidad, los acuerdos de refinanciación y las mediaciones concursales que apenas se usan.

El presidente del Registro de Economistas Forenses, Alfred Albiol, recuerda que la legislación concursal ha sido reformada 30 veces en sus 16 años de vida, un periodo tras el cual se ha hecho evidente que "no deja de suponer una solución ordenada, que no efectiva, a la insolvencia".

Entre las propuestas de los economistas forenses destaca legislar de urgencia aprovechando el texto refundido de la ley concursal con el máximo de consenso de todos los agentes implicados.

También sugieren potenciar a los economistas expertos en reestructuración e insolvencia, y formar un conjunto homogéneo de institutos preconcursales, así como facilitar soluciones concursales de continuidad a deudores que, a pesar de su insolvencia, el valor de su negocio sea superior al de su liquidación.

Asimismo, proponen apostar por que la mediación concursal se convierta en el procedimiento más utilizado para la reestructuración de deuda también para pymes, y agilizar trámites del concurso consecutivo para la rápida incorporación del deudor a la economía.

REFOR anima a establecer, en base a la exigencia de prevención derivada de la transposición de la directiva de insolvencia, un test de solvencia que debería ser obligatorio, y a replantear la sección de calificación del concurso para clarificar causas objetivas de cara a responsabilidades económicas, inhabilitación o delito.

Del mismo modo, insta a reducir los costes de la liquidación y a agilizar los mecanismos judiciales mediante medios electrónicos.

Una vez superados los efectos de la pandemia en el gasto público, será el momento de plantearse la reducción de los privilegios del crédito público en los procesos de reestructuración e insolvencias, en línea con la recomendación del Fondo Monetario Internacional de julio de 2014.