La titular de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía ha informado este jeuves al Consejo de Gobierno de la aprobación de la orden de convocatoria de subvenciones destinadas a empresas para el fomento de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en la Región de Murcia, que cuentan con presupuesto total de seis millones de euros, un 16% más que el pasado ejercicio.
Estas subvenciones pueden alcanzar hasta los 100.000 euros por beneficiario y están dirigidas a empresas, en particular pymes, de los sectores industrial y terciario, y se enmarcan en el programa operativo FEDER de la Unión Europea para el periodo 2014/2020.
Además, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, ha aprobado el Plan de Acción de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020, que incluye los objetivos, prioridades y recursos establecidos en la política de cooperación del Gobierno regional en los desafíos de lucha contra la pobreza y el hambre, cambio climático y flujos migratorios.
A estos desafíos, contemplados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se unen las consecuencias de la covid-19 en territorios vulnerables que van a obligar a centrar de modo estratégico las capacidades y recursos de cooperación en los países que puedan resultar más afectados.
El plan anual de Cooperación Internacional cuenta con una dotación total de 475.000 euros, distribuidos en cuatro líneas de actuación, entre las que sobresale el incremento destinado a las partidas de acción humanitaria y ayuda a emergencias, que reciben un total 130.000 euros, con un crecimiento del 50% respecto a la cantidad ejecutada el ejercicio pasado.
La situación provocada por la covid-19 ha hecho necesario reorientar las prioridades geográficas y sectoriales de intervención con los instrumentos más acordes a las necesidades de los efectos iniciales de la pandemia, como son la ayuda de emergencia y la acción humanitaria. Hay tres propósitos definidos: salvar vidas y reforzar los sistemas de salud; proteger y recuperar derechos y medios de vida de las personas en situación de vulnerabilidad; y preservar y transformar los sistemas socioeconómicos, recuperando el tejido productivo y reforzando la gobernabilidad democrática.
