La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública presenta un borrador de Código de Conducta en la Contratación Pública, que someten a consulta popular. Los ciudadanos pueden aportar sus ideas a través de la web participa.carm.es y, una vez ultimado el proceso de elaboración, el código será sometido al Consejo de Gobierno e incorporado al Sistema de Integridad Institucional de la Comunidad.
A través del documento quieren reforzar las conductas éticas y la gestión eficiente del gasto público, mejorar las buenas prácticas en materia de contratación para prevenir la corrupción y aumentar los niveles de transparencia. El Código de Conducta en la Contratación Pública resalta las medidas para garantizar la imparcialidad en la toma de decisiones e incorpora varias conductas como: “la obligación de firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés por parte de los altos cargos y de los empleados públicos que intervengan en los procesos de adjudicación de contratos públicos; uso general del procedimiento abierto para que cualquiera pueda presentarse a las licitaciones públicas; y la obligación de dar preponderancia en los criterios de adjudicación del contrato a aquellos que se puedan valorar mediante fórmulas automáticas para evitar la utilización de criterios subjetivos que impliquen un juicio de valor”, informó la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros.
Además, el documento implanta reglas para promover la responsabilidad social, la sostenibilidad ambiental y la innovación; y se obliga a los licitadores y contratistas a someterse a las normas éticas previstas en el código, para evitar la corrupción. El Código se enmarca en el Sistema de Integridad Institucional aprobado el 27 de febrero de 2019 y se incorpora al Código de Conducta de los Altos Cargos vigente en la Región de Murcia. El sistema se completará con el Código de Conducta de los Empleados Públicos; la creación de un Buzón Ético, para comunicar posibles actuaciones irregulares de manera anónima; la formación de una Comisión de Ética Institucional, que garantizará el cumplimiento de las normas éticas; y la creación de un Registro de Grupos de Interés.
