Venezuela ha calificado como un "delito de exterminio" que el juez Nigel Teare, del Tribunal Superior británico, haya negado al Gobierno de Nicolás Maduro el acceso al oro que el país sudamericano tiene depositado en el Banco de Inglaterra (BoE).
"Negar el oro a Venezuela para atender la pandemia es cometer delito de exterminio", dijo en la televisión pública la vicepresidenta Delcy Rodríguez, después de que Teare decidiera que la Administración "ad hoc" nombrada por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por casi 60 países, sea la que puede acceder al oro depositado en el BoE.
El Gobierno venezolano pidió hace meses al BoE que transfiriera 930 millones de euros de la reserva de oro a un fondo de la ONU, señalando que los recursos serían usados en la lucha contra la COVID-19 en el país. La decisión, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró "en medio de las partes" en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.
La vicepresidenta venezolana apuntó que esta decisión es "un absurdo" puesto que los intercambios diplomáticos entre Venezuela y Reino Unido se hacen a través de la Cancillería que responde a Nicolás Maduro y no por la que nombró Guaidó. "El embajador (de Reino Unido en Venezuela) Andrew Soper presenta sus cartas credenciales ante el presidente de la república (Nicolás Maduro), las cartas credenciales que firmó la reina (Isabel II)", añadió.
Desde que Venezuela pidió al BoE la transferencia de los recursos, prosiguió Rodríguez, 47 personas han muerto y más de 5.000 se han contagiado del nuevo coronavirus. Asimismo, señaló que el Gobierno interino que Guaidó dice presidir es "artificial y enmascara un proyecto para despojar a Venezuela" de sus riquezas. "El oro es de los venezolanos, no es de esta banda de pillos que pretenden pagar favores políticos", dijo al recordar que la Administración de Guaidó pretende dejar el dinero en las bóvedas del BOE.
Rodríguez también informó de que el presidente Maduro "ha solicitado a los órganos de la Justicia" una investigación para determinar responsabilidades penales en este caso. Horas antes, el Gobierno de Venezuela explicó en un comunicado que "apelará inmediatamente esta decisión absurda y errónea, que constituye un acto de piratería que atenta contra el derecho a la salud y la vida del pueblo".
Además, en el texto se indicó que el Gobierno de Maduro "denunciará en todas las instancias internacionales este atroz atropello", y que persistirá en la batalla judicial para acceder a los recursos.
