Una aproximación al escenario poliédrico de la Responsabilidad Social Corporativa nos permite distinguir enfoques muy variados. La formas en las que se materializa también lo son: autorregulación, filantropía, mecenazgo, patrocinio, marketing social (con causa o sin ella), acción social, postureo y, finalmente, a modo de común denominador, el lobby y la diplomacia corporativa. Según Antonio Camuñas, un señor que sabe mucho de esto, la diplomacia corporativa no es más que una derivada de la diplomacia tradicional, adaptada a los tiempos actuales en los que las grandes corporaciones económicas y financieras se asemejan a los Estados en su estructura, presencia y capacidad de influencia.

Nada nuevo bajo el sol. Tradicionalmente, los grupos económicos y financieros han protegido sus intereses mediante relaciones de influencia con las personas y organismos clave, una actividad que en la Unión Europea se encuentra regulada por el Acuerdo interinstitucional de 2014 y las Directrices de Ejecución del Registro de Transparencia, un organismo creado con la finalidad de incrementar la blancura de los lobbies que operan sobre la Comisión y el Parlamento europeo: profesionales, consultores y abogados; grandes corporaciones, organizaciones de empleadores y sindicatos de empleados; sociedad civil y organizaciones no gubernamentales; instituciones académicas y grupos de reflexión e investigación; iglesias y comunidades religiosas y, por último, organizaciones que representan a autoridades locales, regionales y municipales, otros organismos públicos o mixtos, etc. En Bruselas hay un dicho,  “si no estás entre los comensales, formas parte del menú”.

En la era de la comunicación en tiempo real y las redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin), la tecnología traspasa el escudo tiempo-espacio y hay que ponerse a cubierto, a través del tránsito desde responsabilidad de los negocios hacia el negocio de la responsabilidad y desde el lobby hacia la diplomacia corporativa. Estos cambios se enmarcan en el viaje de huida de las corporaciones del Derecho en todo aquello que éste no le es favorable a sus intereses. Es en este escenario donde las corporaciones necesitan captar nuevos mercados e influir en todos sus grupos de interés. Se hacen necesarias nuevas alianzas con los agentes clave más relevantes en su campo de actividad, incluyendo gobiernos, analistas, medios de comunicación, organizaciones ecologistas... Un ámbito de gestión reputacional que tiene en sus manos el futuro de las corporaciones, porque la "vox populi" entroniza reyes pero también los derroca.

La academia no es ajena a esta realidad. A modo de ejemplo, muchas universidades desarrollan programas específicos sobre Diplomacia Corporativa: Influencia y Representación de Intereses. Sus egresados se incorporan a los aparatos corporativos especializados en la prevención de riesgos y conflictos con los grupos de interesados. Una función que hasta ahora vienen desempeñando una mesnada de políticos y diplomáticos que cruzan las puertas giratorias para poner su capital relacional al servicio del poder corporativo. Su objetivo no es otro que tejer el mapa de conexiones entre el sector privado, el ámbito político, la Administración pública, la economía social y la sociedad civil e influir en los centros de decisión políticos, económicos y sociales, europeos y globales, que determinan el marco económico y normativo de actuación.

A nivel político, el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, firmado el 30 de diciembre de 2019, recogía en el apartado sobre regeneración democrática y trasparencia el  siguiente compromiso: “Abordaremos la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas”.

PP, PSOE y Ciudadanos incluyen en sus programas electorales la regulación de los lobbies, a continuación les detallo un extracto de los mismos:

• PP

  • Regulación de la actuación de los lobbies y puesta en marcha de un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades.
  • Seguir potenciando el papel de la Oficina de Conflicto de Intereses, en particular, en el control sobre los Altos Cargos, en función de los nuevos requisitos fijados en la Ley de Transparencia y el Estatuto del Alto Cargo.
• PSOE
  • Regular la actividad de lobby ante el Poder Legislativo, el Gobierno y la Administración.
  • Crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas.
  • Los representantes públicos deberán dar cuenta de los contactos que mantienen con estos lobbies e informar del contenido de las pretensiones o propuestas formuladas.
  • Todo lobista registrado deberá informar periódica y públicamente de sus actividades.
  • Aprobar un código ético para la actividad de lobby y dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de las prerrogativas y los recursos necesarios para supervisar y sancionar los incumplimientos, tanto del sector público como del sector privado.
• Ciudadanos
  • Reformar los reguladores para evitar los conflictos de intereses mediante la transparencia de su actuación y la de los lobbies. Será obligatoria la inscripción de éstos en los registros correspondientes.
  • Asegurar la prevención y castigo de los conflictos de intereses impulsando una agencia independiente, la Oficina de Conflicto de Intereses, que rinda cuentas al Parlamento. Resolverá también las incompatibilidades, incluidas las de los altos cargos de las instituciones, previendo sanciones económicas. Los informes de la Oficina serán públicos. Se implementarán mecanismos similares en relación con las Administraciones autonómicas y locales.

Desde el punto de vista de la necesaria preeminencia del interés público sobre el privado y siendo conscientes de la crisis del modelo político dominante, la democracia liberal representativa gestionada por unas élites políticas con escaso bagaje intelectual y que, en teoría, asumen todo el poder para diseñar el espacio en el que vivimos; sería deseable la incorporación a este tipo de programas de otros operadores económicos y sociales: entidades de la economía social, organizaciones no gubernamentales, think tanks, sindicatos, instituciones públicas...

A mi juicio, no se trata de sustituir unas élites electas por otras no electas, sino que los ciudadanos aprendan a interpretar e influir en la realidad para transformarla. Creo que el único valor absoluto es la libertad y para su consecución necesitamos sistemas de agitación política y cambio social.