Las rentas no declaradas podrán regularizarse con un gravamen del 10%
El grupo parlamentario del PSOE ha presentado hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Gobierno para regularizar los activos ocultos y hacer aflorar la economía sumergida, dado que vulnera el principio de igualdad.
La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez y el secretario general del PSOE, Eduardo Madina, han presentado el recurso contra la "amnistía fiscal" y también han solicitado en la Audiencia Nacional la paralización de la orden ministerial que amplió la regularización al dinero en efectivo.
Según el recurso socialista, el decreto ley vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusto" en sus consecuencias y "manifiestamente contrario a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad".
Los socialistas aseguran que las medidas violan los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica al colocar a los defraudadores en una situación de "absoluto privilegio fiscal".
La amnistía fiscal prevé que las rentas no declaradas podrán regularizarse con un gravamen del 10%
El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado el pasado viernes recoge la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, cantidad que asciende a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente.
Además, establece la obligación de informar sobre cuentas y valores que estén en el extranjero y se declara la "imprescriptibilidad" de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último periodo impositivo de entre los no prescritos.
Aparte de no prescribir, el defraudador se enfrenta a una multa mínima de 10.000 euros, que aumentará en 5.000 euros por cada dato no declarado.
También se establece la exclusión del régimen de módulos para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones particulares, una exclusión que sólo será para aquellos cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior supere los 50.000 euros.
El decreto-ley de la regularización de activos ocultos contempla que cuando "se trate de dinero en efectivo será suficiente la manifestación de ser titular del mismo con anterioridad al 31 de diciembre de 2010".
No será necesario demostrar la antigüedad de ese dinero y bastará con que el contribuyente ingrese el importe correspondiente en una cuenta corriente para regularizarlo y beneficiarse así de la amnistía fiscal.
Las Juventudes Socialistas de España también han denunciado, mediante un comunicado, la "irresponsabilidad" del Gobierno ante unas medidas que califican como un "ataque" a las arcas públicas y un "regalo inmoral" para los que han defraudado y "no han arrimado el hombro para superar la crisis".
En un vídeo, los jóvenes socialistas critican a los defraudadores y aseguran que la amnistía fiscal es la ley del embudo y la legalización de una situación en la que unos pocos no van a cumplir sus deberes con el conjunto de sus conciudadanos.
La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez y el secretario general del PSOE, Eduardo Madina, han presentado el recurso contra la "amnistía fiscal" y también han solicitado en la Audiencia Nacional la paralización de la orden ministerial que amplió la regularización al dinero en efectivo.
Según el recurso socialista, el decreto ley vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusto" en sus consecuencias y "manifiestamente contrario a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad".
Los socialistas aseguran que las medidas violan los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica al colocar a los defraudadores en una situación de "absoluto privilegio fiscal".
La amnistía fiscal prevé que las rentas no declaradas podrán regularizarse con un gravamen del 10%
El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado el pasado viernes recoge la limitación de los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros, cantidad que asciende a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente.
Además, establece la obligación de informar sobre cuentas y valores que estén en el extranjero y se declara la "imprescriptibilidad" de las rentas no declaradas, que serán imputadas al último periodo impositivo de entre los no prescritos.
Aparte de no prescribir, el defraudador se enfrenta a una multa mínima de 10.000 euros, que aumentará en 5.000 euros por cada dato no declarado.
También se establece la exclusión del régimen de módulos para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones particulares, una exclusión que sólo será para aquellos cuyo volumen de rendimientos íntegros del año anterior supere los 50.000 euros.
El decreto-ley de la regularización de activos ocultos contempla que cuando "se trate de dinero en efectivo será suficiente la manifestación de ser titular del mismo con anterioridad al 31 de diciembre de 2010".
No será necesario demostrar la antigüedad de ese dinero y bastará con que el contribuyente ingrese el importe correspondiente en una cuenta corriente para regularizarlo y beneficiarse así de la amnistía fiscal.
Las Juventudes Socialistas de España también han denunciado, mediante un comunicado, la "irresponsabilidad" del Gobierno ante unas medidas que califican como un "ataque" a las arcas públicas y un "regalo inmoral" para los que han defraudado y "no han arrimado el hombro para superar la crisis".
En un vídeo, los jóvenes socialistas critican a los defraudadores y aseguran que la amnistía fiscal es la ley del embudo y la legalización de una situación en la que unos pocos no van a cumplir sus deberes con el conjunto de sus conciudadanos.
