El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anulado el segundo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor declarado por Ryanair como consecuencia de la pandemia y que afectaba a unos 200 trabajadores, procedentes en su mayoría de las bases de Canarias y Girona.

El departamento cita el informe de la Inspección de Trabajo, que consideró que el expediente era un "fraude de ley" puesto que lo que buscaba la aerolínea era "librarse, si no de toda, sí de una buena parte" del pago de los salarios y las cotizaciones sociales de los 224 trabajadores de estos centros a los que la Audiencia Nacional obligó a readmitir el pasado abril.

En concreto, la sala de lo Social declaró nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) de principios de año al entender que la compañía "no quiso abordar un periodo de consultas" como exige la ley, motivo por el que le ordenaba además, "el abono inmediato" de los salarios que los afectados "dejaron de percibir desde la extinción del contrato".

Según consta en la resolución de Trabajo, apenas días más tarde, el 2 de mayo, Ryanair solicitó autorización para suspender de forma temporal los contratos de 194 de los 1.455 trabajadores de su plantilla por causa de fuerza mayor vinculada a la situación extraordinaria de la COVID-19, con efectos desde el 15 de marzo.

Los trabajadores pertenecían a los centros de Canarias y Cataluña; sin embargo, en la restante documentación aparecían incluidos otros 12 empleados pertenecientes a bases o aeropuertos en Málaga (1), Barcelona (2), Santiago de Compostela (1), Madrid (6) y Alicante (2), con lo que los afectados ascendían a 206.

Los sindicatos USO y Sitcpla se opusieron a esta medida, y alegaron la falta de comunicación del ERTE por parte de Ryanair a los representantes de los trabajadores, incumpliendo "el requisito de la simultaneidad que rige en este tipo de procesos colectivos".

Por su parte, la empresa afirmó que el día 3 de mayo se dirigió por correo electrónico a los delegados sindicales, informándoles de la presentación del ERTE y trasladándoles la copia del informe técnico presentado ante la autoridad laboral.

A su juicio, "es evidente" que la empresa buscó "favorecerse" de los efectos de una declaración de fuerza mayor que ya se había reconocido previamente, en otro expediente presentado en marzo, para librarse "si no de toda, sí de una buena parte de la deuda económica (salarios de tramitación más cotizaciones sociales)" que implicaba la anulación del ERE por la Audiencia.

Contra la resolución no cabe recurso administrativo, con lo que la compañía tendría que recurrir la nulidad por fraude ante la Audiencia Nacional de estimarlo oportuno.