Creaban empresas ficticias y contrataban a supuestos trabajadores para que cobraran prestaciones a cambio de dinero
La Policía Nacional, en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Inspección de Trabajo de Murcia ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la estafa, fraude fiscal y a la seguridad social, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.
En esta operación, la Policía Nacional ha detenido a un total de 21 personas en las provincias de Murcia, Albacete y Alicante.
La forma de actuar de este grupo consistía en constituir diversas empresas ficticias, por sí o por medio de testaferros, para lo cual ofrecían contratos de trabajo previo pago de unas mensualidades. Mediante la falsificación de estos contratos y pasado un tiempo, se podían obtener prestaciones de la Seguridad Social, conseguir permisos de residencia permanente para extranjeros en situación irregular, o bien beneficios penitenciarios, como el tercer grado.
Los trabajadores en plena connivencia pagaban desde 150 euros mensuales, para luego tener derecho a prestaciones, como desempleo, maternidad, etc. O bien llegaban a pagar 3.000 euros, cuando se trataba de contratos para la obtención del permiso de residencia. En otras ocasiones personas reclusas llegaban a desembolsar 180 euros mensuales para obtener un tercer grado penitenciario.
Estas empresas no hacían efectivo el pago de las cuotas a la Seguridad Social y no llevaban a cabo actividad laboral alguna. Transcurridos unos meses eran dadas de baja, momento en que los “supuestos” trabajadores presentan la documentación fraudulenta en los organismos oficiales para el cobro de las diferentes prestaciones.
Entre los implicados que se detuvieron en Murcia, Hellín (Albacete), Alicante y Benidorm (Alicante), se encontraban ciudadanos españoles marroquíes, paraguayos, colombianos y rumanos, con edades comprendidas entre los 25 y 50 años.
En esta operación, la Policía Nacional ha detenido a un total de 21 personas en las provincias de Murcia, Albacete y Alicante.
La forma de actuar de este grupo consistía en constituir diversas empresas ficticias, por sí o por medio de testaferros, para lo cual ofrecían contratos de trabajo previo pago de unas mensualidades. Mediante la falsificación de estos contratos y pasado un tiempo, se podían obtener prestaciones de la Seguridad Social, conseguir permisos de residencia permanente para extranjeros en situación irregular, o bien beneficios penitenciarios, como el tercer grado.
Los trabajadores en plena connivencia pagaban desde 150 euros mensuales, para luego tener derecho a prestaciones, como desempleo, maternidad, etc. O bien llegaban a pagar 3.000 euros, cuando se trataba de contratos para la obtención del permiso de residencia. En otras ocasiones personas reclusas llegaban a desembolsar 180 euros mensuales para obtener un tercer grado penitenciario.
Estas empresas no hacían efectivo el pago de las cuotas a la Seguridad Social y no llevaban a cabo actividad laboral alguna. Transcurridos unos meses eran dadas de baja, momento en que los “supuestos” trabajadores presentan la documentación fraudulenta en los organismos oficiales para el cobro de las diferentes prestaciones.
Entre los implicados que se detuvieron en Murcia, Hellín (Albacete), Alicante y Benidorm (Alicante), se encontraban ciudadanos españoles marroquíes, paraguayos, colombianos y rumanos, con edades comprendidas entre los 25 y 50 años.
