El decreto ley para el uso de los remanentes de los ayuntamientos y que crea un fondo de 5.000 millones para las entidades locales está abocado a la derogación tras no recabar el Gobierno en el Congreso los apoyos suficientes para que siga en vigor.

Fuentes parlamentarias de distintos grupos han señalado a Efe que las negociaciones entre los grupos de la pasada noche no han dado el resultado esperado por el Gobierno.

La Cámara Baja votará a lo largo de esta jornada la convalidación o derogación de dicho decreto. Si una mayoría lo rechaza, quedará sin efecto tras haberlo aprobado el Consejo de Ministros a primeros de agosto, previo acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el Ejecutivo.

Sería el quinto decreto ley de la democracia que es derogado por el Congreso.