La propuesta del PSOE y Podemos de que la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resultado ser muy parecida a la que el Parlament incluyó en la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República durante el procés.

Una norma que fue aprobada en septiembre de 2017 con Carles Puigdemont de president y Carme Forcadell de presidenta de la Cámara, y que dictaba la creación de una Comisión Mixta que tenía las funciones equivalentes a la del CGPJ, entre ellas la designación de los principales puestos judiciales. 

PSOE y Unidas Podemos sostienen que su objetivo es superar el "bloqueo" al que somete el PP al órgano de gobierno de los jueces: está cerca de cumplir dos años en funciones, los populares se niegan a negociar nuevos nombres, y sin ellos hoy en día no hay renovación posible, ya que la ley exige que los vocales estén respaldados por tres quintos de las cámaras.

Este órgano lo forman 20 vocales, 10 de ellos elegidos por el Senado y otros 10 por el Congreso. Aunque 12 de ellos son propuestos por los propios jueces (a través de las asociaciones judiciales), sumando un número máximo de 36 candidatos.

Según el periódico VozPópuli, entre las asociaciones de jueces no dan el visto bueno a este posible cambio. "Entendemos que es una propuesta contraria al artículo 122.3 de la Constitución", declaró Manuel Almenar, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Además, la Comisión Europea tampoco tiene una opinión consolidada sobre la reforma del Poder Judicial que quiere llevar a cabo el Gobierno, pero esperará a que sea una realidad para evaluar si cumple los requisitos en materia de Estado de Derecho. 

El Gobierno se muestra  seguro de que la UE no pondrá trabas a su propuesta de reforma, en un momento en el que el respeto al Estado de Derecho vuelve a convertirse en un elemento clave entre los 27 y  vinculado al desbloqueo del Fondo de Recuperación, del que a España le han correspondido 140.000 millones.