La tabaquera califica de “errática” la política impositiva del Gobierno
El director de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Jaime Gil-Robles, ha apuntado que, con los elevados niveles de contrabando, fenómeno propiciado por la mayor presión fiscal que encarece los cigarrillos, "no se sostienen" 55.000 empleos que ahora dependen del sector tabaquero en España.
Así lo ha explicado Gil-Robles antes de participar en Madrid en una jornada sobre comercio ilícito y falsificaciones. Este responsable de Altadis ha recalcado que "el mercado ahora está en el límite de sostenibilidad" en cuanto al empleo, un problema que también afecta a los estancos, que ya sufren cierres.
Ha añadido que, tras la subida en marzo de los impuestos especiales, cayeron las ventas en abril, mayo y junio, mientras que el comercio volverá a descender si sube el IVA u otros gravámenes indirectos.
Preguntado si Altadis se replanteará su permanencia en España si se adoptan nuevas cargas fiscales para el tabaco, ha recordado que la dirección de la compañía tiene un compromiso con el empleo y la inversión, pero también "estará atenta a todas las decisiones que política y económicamente se vayan a adoptar".
"Las cosas tienen un límite", tanto para Altadis como para el sector tabaquero, ha comentado Gil-Robles, aunque ha mostrado su confianza de que el Gobierno "tenga sensibilidad" y no suba los impuestos al tabaco porque, además, no se generan más ingresos para Hacienda, sino que éstos caen por la menor demanda.
En este contexto, por cada punto porcentual de comercio ilícito, el Estado deja de ingresar 100 millones, con lo que la merma para las arcas legales, con el nivel de contrabando actual (15% de las ventas cuando hace unos pocos años no superaba el 3%, según ha calculado), llega hasta los 1.400 o 1.500 millones de euros.
Pese a la "opacidad" del negocio fraudulento, Gil-Robles ha comentado que detrás de estas operaciones ilegales hay "mafias", muchas de ellas dedicadas al tráfico de armas, drogas o mujeres que "han descubierto" que "es mucho más provechoso y rentable" dedicarse al contrabando de tabaco que, además, causa "menor alarma social".
Ha desmitificado los canales históricos del fraude, como Andorra o Gibraltar, porque ahora entra tabaco de forma habitual por puertos -como Valencia, Barcelona o Alicante y muchos otros-, procedentes de China sobre todo, y también del Este de Europa o Turquía.
Por otra parte, ha advertido de que comprar una cajetilla fuera del estanco supone consumir un producto que no ha sido controlado, del que no se saben sus condiciones de almacenamiento y transporte, ni qué contenidos de alquitrán u otros aditivos que hay en los cigarrillos.
Preguntado por la presencia de excrementos de conejo en algunos cigarrillos en el pasado, ha apuntado que "desde luego se han encontrado sustancias dañinas para la salud" por "condiciones de producción y almacenamiento de países en vías de desarrollo".
Durante su intervención en las jornadas, Gil-Robles ha denunciado "la errática" política fiscal de los sucesivos Gobiernos que, desde 2009, han aplicado cuatro subidas, lo que ha elevado los precios de los cigarrillos en un 55% (de 2,65 a 4,10 euros por cajetilla), lo que se ha traducido, en un contexto de crisis económica, en que muchos consumidores "se pase a fumar tabaco ilegal".
El 79,4% de lo que cuesta el producto son impuestos, lo que convierte a España en "el país con mayor presión fiscal" de Europa, por lo que Altadis reclama una "congelación" de los gravámenes.
El responsable de delitos económicos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, Miguel Ángel Gómez, ha apuntado al crimen organizado como responsable de los mayores tráficos por tierra -Campo de Gibraltar y ahora también Lérida-, aire (grandes aeropuertos) y mar -puertos de Algeciras, Barcelona o Valencia-.
Gómez ha avisado de cambios en el "modus operandi" de las bandas, de forma que crecen los pequeños envíos -por ejemplo vía aérea entre Canarias y Reino Unido-, un comercio ilegal que, con el actual código penal, está escasamente penado y asegura la reincidencia.
La directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, ha reconocido que hay un alto nivel de contrabando -como en la frontera de La Línea con Gibraltar- y ha apuntado que, hasta junio, se han interceptado 5,7 millones de cajetillas en España, muchas de ellas falsificadas.
La jefe de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrias de la UDEV de la Policía Nacional, Mónica Dopico, ha destacado la dificultad de luchar contra el comercio ilícito ante la debilidad de las sanciones en muchos casos y porque requiere de una cooperación internacional "efectiva" y más medios judiciales.
Así lo ha explicado Gil-Robles antes de participar en Madrid en una jornada sobre comercio ilícito y falsificaciones. Este responsable de Altadis ha recalcado que "el mercado ahora está en el límite de sostenibilidad" en cuanto al empleo, un problema que también afecta a los estancos, que ya sufren cierres.
Ha añadido que, tras la subida en marzo de los impuestos especiales, cayeron las ventas en abril, mayo y junio, mientras que el comercio volverá a descender si sube el IVA u otros gravámenes indirectos.
Preguntado si Altadis se replanteará su permanencia en España si se adoptan nuevas cargas fiscales para el tabaco, ha recordado que la dirección de la compañía tiene un compromiso con el empleo y la inversión, pero también "estará atenta a todas las decisiones que política y económicamente se vayan a adoptar".
"Las cosas tienen un límite", tanto para Altadis como para el sector tabaquero, ha comentado Gil-Robles, aunque ha mostrado su confianza de que el Gobierno "tenga sensibilidad" y no suba los impuestos al tabaco porque, además, no se generan más ingresos para Hacienda, sino que éstos caen por la menor demanda.
En este contexto, por cada punto porcentual de comercio ilícito, el Estado deja de ingresar 100 millones, con lo que la merma para las arcas legales, con el nivel de contrabando actual (15% de las ventas cuando hace unos pocos años no superaba el 3%, según ha calculado), llega hasta los 1.400 o 1.500 millones de euros.
Pese a la "opacidad" del negocio fraudulento, Gil-Robles ha comentado que detrás de estas operaciones ilegales hay "mafias", muchas de ellas dedicadas al tráfico de armas, drogas o mujeres que "han descubierto" que "es mucho más provechoso y rentable" dedicarse al contrabando de tabaco que, además, causa "menor alarma social".
Ha desmitificado los canales históricos del fraude, como Andorra o Gibraltar, porque ahora entra tabaco de forma habitual por puertos -como Valencia, Barcelona o Alicante y muchos otros-, procedentes de China sobre todo, y también del Este de Europa o Turquía.
Por otra parte, ha advertido de que comprar una cajetilla fuera del estanco supone consumir un producto que no ha sido controlado, del que no se saben sus condiciones de almacenamiento y transporte, ni qué contenidos de alquitrán u otros aditivos que hay en los cigarrillos.
Preguntado por la presencia de excrementos de conejo en algunos cigarrillos en el pasado, ha apuntado que "desde luego se han encontrado sustancias dañinas para la salud" por "condiciones de producción y almacenamiento de países en vías de desarrollo".
Durante su intervención en las jornadas, Gil-Robles ha denunciado "la errática" política fiscal de los sucesivos Gobiernos que, desde 2009, han aplicado cuatro subidas, lo que ha elevado los precios de los cigarrillos en un 55% (de 2,65 a 4,10 euros por cajetilla), lo que se ha traducido, en un contexto de crisis económica, en que muchos consumidores "se pase a fumar tabaco ilegal".
El 79,4% de lo que cuesta el producto son impuestos, lo que convierte a España en "el país con mayor presión fiscal" de Europa, por lo que Altadis reclama una "congelación" de los gravámenes.
El responsable de delitos económicos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, Miguel Ángel Gómez, ha apuntado al crimen organizado como responsable de los mayores tráficos por tierra -Campo de Gibraltar y ahora también Lérida-, aire (grandes aeropuertos) y mar -puertos de Algeciras, Barcelona o Valencia-.
Gómez ha avisado de cambios en el "modus operandi" de las bandas, de forma que crecen los pequeños envíos -por ejemplo vía aérea entre Canarias y Reino Unido-, un comercio ilegal que, con el actual código penal, está escasamente penado y asegura la reincidencia.
La directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, Pilar Jurado, ha reconocido que hay un alto nivel de contrabando -como en la frontera de La Línea con Gibraltar- y ha apuntado que, hasta junio, se han interceptado 5,7 millones de cajetillas en España, muchas de ellas falsificadas.
La jefe de la Sección de Propiedad Intelectual e Industrias de la UDEV de la Policía Nacional, Mónica Dopico, ha destacado la dificultad de luchar contra el comercio ilícito ante la debilidad de las sanciones en muchos casos y porque requiere de una cooperación internacional "efectiva" y más medios judiciales.
