La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 216.000 millones de euros el impacto de todas las medidas económicas aprobadas hasta ahora para afrontar las consecuencias de la crisis que ha provocado la COVID-19.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso para defender el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y rechazar las 7 enmiendas a la totalidad que se debaten este miércoles, Montero ha recalcado que el déficit del conjunto de las administraciones públicas llegará al 11,3% del PIB este año.
Ha recordado el impacto de todas las ayudas en las cuentas públicas y el deterioro que ello supone, pero ha puntualizado que el 95% de las medidas tienen carácter temporal y que se corregirá ese déficit de forma indispensable.
Montero ha explicado que la crisis en España ha sido más grave que en otros países europeos porque el país tuvo uno de los confinamientos más tempranos y severos de Europa.
La ministra ha indicado que sin el conjunto de todas las medidas puestas este año en vigor la caída del PIB podría haber llegado al 25% y se hubieran destruido 3 millones de empleos.
Ha recordado que la Seguridad Social ha recuperado ya más de 500.000 trabajadores de los 950.000 perdidos.
Montero ha insistido en que la corrección de los desequilibrios fiscales tendrá que abordarse una vez que se haya superado la pandemia, con el objetivo de "aprovechar" el efecto de las medidas expansivas puestas en marcha y tras realizar una revisión integral del sistema impositivo y revisar las partidas de gasto.
"Esta crisis es dinámica, cualquier previsión se tiene que analizar desde esa prudencia, incluyendo escenarios de riesgo de empeoramiento o ralentización", ha puntualizado.
Además, la ministra ha asegurado este miércoles que el IVA de las mascarillas bajará del tipo general, al 21%, al superreducido del 4%, y además reducirá su precio máximo de venta.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados con motivo del debate de enmiendas a la totalidad del proyecto presupuestario, Montero ha explicado que ha adoptado esta decisión después de que la Comisión Europea confirmara ayer "por escrito" que no multará a España por ello.
