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Opinión |
Jueves, 12 de Noviembre de 2020

¿Estado del bienestar?

 

Durante las últimas décadas el estado del bienestar ha sido el eje central sobre el que ha girado nuestra sociedad. En España se empezó a desarrollar en los años 80 por lo que llevamos algunas décadas de retraso con respecto a los países de nuestro entorno.

 

En este sistema, el Estado es el que asume la responsabilidad sobre la prestación de determinados servicios sociales considerados básicos: educación, sanidad, pensiones, desempleo, vivienda, familia, desigualdades, discapacidad, exclusión social,... Para la mayoría de los ciudadanos es una conquista social que «ha de tener futuro» aunque actualmente se cuestiona su eficacia y si, de verdad, contribuye a los objetivos que pretende.

 

Una planificación social adecuada es necesaria pues supone que la riqueza se redistribuya de manera eficiente mediante el empleo de los recursos públicos. Hoy en día es muy común escuchar la frase de que «nuestros hijos vivirán peor que nosotros» y es que existe una desmotivación generalizada en la sociedad, por un lado del individuo que percibe un elevado coste de mantenimiento de ese estado con la imposibilidad de mantenerlo en el tiempo y por otro lado del que entiende que no le llegan los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades básicas, base del estado del bienestar.

 

La globalización de la economía y el incremento del consumo, con la creación de mayores necesidades, han supuesto problemas importantes para la gestión del estado del bienestar que se agravan en épocas de recesión cuando se producen mayores desajustes económicos en la población debiendo destinar más recursos a medidas de protección social para evitar crisis sociales. El déficit público continuado y el incremento de la deuda del Estado hacen dudar de su sostenibilidad.

 

El estado del bienestar gira en torno a tres componentes, las administraciones públicas, las familias y las empresas que deben tener una responsabilidad compartida a la hora de que sea viable en el tiempo. Las administraciones públicas porque deben ser eficientes a la hora de gastar o invertir, porque deben establecer líneas centrales de consenso en temas clave para cualquier sociedad como la educación, el empleo o la sanidad y las familias y empresas porque debemos aprender a controlar nuestro crecimiento realizándolo sobre bases sólidas y calibrando los riesgos de un mercado cada vez más globalizado.

 

Ya que cada vez existe más pobreza infantil, mayores tasas de desempleo y de mayor duración y más desigualdades debemos pensar en cómo contribuir a mantener el estado del bienestar, estableciendo políticas conjuntas de actuación que permitan que el acceso a la educación sea igualitario, que el capital humano del futuro sea más productivo porque tenga mejor cualificación, que se pueda acceder al máximo de servicios sociales en función de las necesidades de cada individuo, que exista una protección efectiva para las personas con menos recursos, en definitiva políticas alejadas de pensamientos ideológicos.

 

La mejor política social es la creación de empleo, el acceso a un empleo de calidad. En la última década una parte importante del gasto en el estado del bienestar ha sido en pensiones, prestaciones por desempleo y en subsidios de administraciones públicas con dificultades prácticas para asignar los recursos de forma eficiente. La coordinación entre administraciones públicas debe ser uno de los ejes fundamentales y debemos pensar en que los recursos no son ilimitados, que cambian y que todos debemos hacer el esfuerzo de adaptarnos a las distintas etapas por las que pasa la economía para que tenga su reflejo en una sociedad más igualitaria y justa en la que se premie la dedicación, el esfuerzo y la iniciativa y no en una sociedad en la que se fomente la mediocridad.

 

En ese caso, los que más contribuyan observarán que los recursos que aportan suponen una mejora sustancial de la Sociedad y los que más lo necesitan dispondrán de recursos que les permita acceder en condiciones de igualdad a los servicios básicos. Y todo se debe realizar con unos criterios de sostenibilidad en el tiempo para no hipotecar a las generaciones futuras.

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