La fiscalía ha pedido dos años de prisión para el exalcalde de Águilas Juan Ramírez y una funcionaria municipal, que van a ser juzgados la próxima semana en la Audiencia Provincial de Murcia acusados de un delito contra el medio ambiente por no haber actuado frente a los ruidos procedentes de varios establecimientos de hostelería.

Las conclusiones provisionales del fiscal, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que tras la denuncia presentada por una vecina, las ocho actas levantadas por la Policía Local entre julio de 2009 y agosto de 2010 permitieron comprobar que se superaba el nivel de decibelios permitido. Según la acusación estatal, los dos imputados, pese a ser los competentes para perseguir las infracciones contra el medio ambiente, no lo hicieron, ya que “omitieron la tramitación de los expedientes sancionadores por ruidos y no establecieron medidas correctoras o limitadoras de dichas inmisiones acústicas”.

Según la fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de contaminación medioambiental o, alternativamente, de un delito de prevaricación administrativa en comisión por omisión. En el caso de que el tribunal elija la primera opción, reclama para cada uno de los acusados dos años de prisión, multa de 4.800 euros y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Si se inclina por el delito de prevaricación administrativa, el ministerio público propone las mismas penas de prisión y multa.