En plena crisis económica llegó a contratar a 300 trabajadores de la construcción
La Policía Nacional ha detenido a un constructor de Mazarrón que había cometido un fraude a la Seguridad Social y al SEPE de unos 850.000 euros. Los hechos fueron detectados el pasado mes de marzo al haberse tenido conocimiento de la existencia de una supuesta empresa de construcción de la zona de Mazarrón, a la cual le constaba un elevado número de trabajadores contratados en los dos últimos años, tratándose la práctica totalidad de ciudadanos extranjeros de nacionalidad marroquí.
La empresa, regentada por el ciudadano español, de 39 años y residente en Mazarrón, contrató durante ese periodo de tiempo cerca de trescientos trabajadores a muchos de los cuales, incluso les llegaron a constar varios periodos de cotización en la Seguridad Social, sin abonar por parte del empresario las correspondientes cuotas empresariales, habiéndose generado por este motivo una deuda cercana al medio millón de euros, la cual ha sido anulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como los distintos movimientos fraudulentos de alta.
El inicio de actividad real de esta empresa se remonta al año 2006, habiéndose dedicado desde entonces y hasta el 2009 a la realización de pequeñas obras de construcción. Es a partir de esa fecha, en plena crisis económica y especialmente en el sector del ladrillo, cuando se produce el incremento desmesurado en la contratación de empleados, dándose la circunstancia que la empresa carecía de actividad tanto laboral como económica, habiendo cesado sus operaciones mercantiles.
Curiosamente, tratándose de una empresa del sector de la construcción, durante esos tres años contrató a más de setenta mujeres, además de cincuenta empleados que residían fuera de la provincia de Murcia, y algunos en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria o Gerona, así como que en algunos domicilios de la provincia de Murcia se encontraban empadronados conjuntamente varios de los supuestos trabajadores de la empresa, cuando estos realmente se hallaban residiendo habitualmente fuera de España.
El constructor cobraban distintas cantidades de dinero a los extranjeros a cambio de mantenerlos de alta en la Seguridad Social durante los periodos que éstos necesitaban para distintos fines, sin que los mismos realizasen actividad laboral alguna.
La finalidad principal de las altas ficticias era el acceso a prestaciones sociales por desempleo. Gran parte de los supuestos trabajadores eran dados de alta durante cortos periodos de tiempo y posteriormente despedidos, pudiendo acceder gracias a estos subterfugios al cobro de las prestaciones. Muchos de ellos, incluso, han permanecido residiendo durante los periodos de alta y cobro de prestaciones, fuera de España, y al parecer trabajando incluso en otros países de Unión Europea.
Fruto de esta actividad se generaron prestaciones por importe superior a los 850.000 euros, habiéndose procedido por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) a la extinción y revocación de las prestaciones indebidamente cobradas y a la anulación del cobro de las cantidades pendientes.
Otra de las finalidades de estas altas ficticias era su utilización para la regularización y renovación de autorizaciones de residencia y trabajo en España.
La empresa, regentada por el ciudadano español, de 39 años y residente en Mazarrón, contrató durante ese periodo de tiempo cerca de trescientos trabajadores a muchos de los cuales, incluso les llegaron a constar varios periodos de cotización en la Seguridad Social, sin abonar por parte del empresario las correspondientes cuotas empresariales, habiéndose generado por este motivo una deuda cercana al medio millón de euros, la cual ha sido anulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como los distintos movimientos fraudulentos de alta.
El inicio de actividad real de esta empresa se remonta al año 2006, habiéndose dedicado desde entonces y hasta el 2009 a la realización de pequeñas obras de construcción. Es a partir de esa fecha, en plena crisis económica y especialmente en el sector del ladrillo, cuando se produce el incremento desmesurado en la contratación de empleados, dándose la circunstancia que la empresa carecía de actividad tanto laboral como económica, habiendo cesado sus operaciones mercantiles.
Curiosamente, tratándose de una empresa del sector de la construcción, durante esos tres años contrató a más de setenta mujeres, además de cincuenta empleados que residían fuera de la provincia de Murcia, y algunos en provincias tan distantes como Lugo, Álava, Cantabria o Gerona, así como que en algunos domicilios de la provincia de Murcia se encontraban empadronados conjuntamente varios de los supuestos trabajadores de la empresa, cuando estos realmente se hallaban residiendo habitualmente fuera de España.
El constructor cobraban distintas cantidades de dinero a los extranjeros a cambio de mantenerlos de alta en la Seguridad Social durante los periodos que éstos necesitaban para distintos fines, sin que los mismos realizasen actividad laboral alguna.
La finalidad principal de las altas ficticias era el acceso a prestaciones sociales por desempleo. Gran parte de los supuestos trabajadores eran dados de alta durante cortos periodos de tiempo y posteriormente despedidos, pudiendo acceder gracias a estos subterfugios al cobro de las prestaciones. Muchos de ellos, incluso, han permanecido residiendo durante los periodos de alta y cobro de prestaciones, fuera de España, y al parecer trabajando incluso en otros países de Unión Europea.
Fruto de esta actividad se generaron prestaciones por importe superior a los 850.000 euros, habiéndose procedido por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) a la extinción y revocación de las prestaciones indebidamente cobradas y a la anulación del cobro de las cantidades pendientes.
Otra de las finalidades de estas altas ficticias era su utilización para la regularización y renovación de autorizaciones de residencia y trabajo en España.