Este asunto trae causa de la denuncia formulada por Ecologistas en Acción ante la juez de lo penal número 4 de Murcia, el pasado mes de noviembre -del que ya se hizo eco el periódico La Verdad-. Las direcciones generales a las que se le requiere esta documentación son la Dirección General del Medio Natural y la Dirección General del Medioambiente. Se da la circunstancia de que en estos momentos ambos consejeros gozan de aforamiento, por lo que, la juez debía de solicitar al Ministerio Fiscal que informe a la vista de la documentación que le presenten esas direcciones generales sobre la procedencia de la solicitud de suplicatorio al Ejecutivo.

Se trata, por los indicios apreciados por la juez de lo penal número 4, de la omisión de la preceptiva y previa Evaluación de Impacto Ambiental que debía haberse producido antes de la publicación de las órdenes citadas, referida a los periodos de veda para el ejercicio de esta actividad de caza.

Una situación que guarda estrecha similitud con otra causa sustanciada por los Juzgados de Murcia y relativa a la omisión de la citada Evaluación de Impacto Ambiental en las obras de emergencia de la tubería de la rambla del Albujón, por la que se encuentra actualmente procesada la exconsejera Adela Martínez-Cachá.