El abogado Diego de Ramón afirma que los afectados por las preferentes fueron elegidos entre personas mayores, extranjeros y jóvenes “sin ningún tipo de instrucción”
El abogado de la Plataforma CAM, Diego de Ramón, ha pedido hoy al Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional prisión preventiva bajo una fianza solidaria de 12 millones de euros para la antigua cúpula de la entidad financiera.
Según consta en el escrito presentado esta mañana, la prisión provisional pretende asegurar la reparación del daño que han sufrido los clientes más desfavorecidos de la caja, especialmente por las participaciones preferentes.
La plataforma sostiene que los afectados por las preferentes fueron elegidos de forma "sistemática y planificada", pues la mayoría son personas mayores, extranjeros o jóvenes "sin ningún tipo de instrucción" y añade que fallaron los sistemas de supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A la vista de la declaración de los ex directivos de la entidad Teófilo Sogorb y Vicente Soriano, que comparecieron ayer como imputados en la Audiencia Nacional, De Ramón sostiene que "no se ha han podido justificar su legitimidad moral de ser distinguidos, por méritos o esfuerzos propios", con las remuneraciones y prejubilaciones con respecto a sus compañeros.
"Teófilo no ha renunciado, ni creo que lo hará, a sus planes de pensiones e indemnizaciones, a pesar de que ha manifestado que siendo responsable del área de información financiera y fiscal tenía constancia de la mala situación de la CAM", indica en su escrito.
Por ello y "sabiendo del estado económico de la CAM y, en plena crisis total, no tuvieron escrúpulos para querer mantener sus atribuciones económicas de pensiones favorecidas y blindajes, o para conceder créditos millonarios en Méjico, depósitos en paraísos fiscales, o realizar viajes al extranjero para celebrar los consejos de administración en Moscú, Nueva York, Las Vegas o India", añade.
A su entrada a la Audiencia Nacional, De Ramón ha asegurado que el ex presidente de la entidad Modesto Crespo; la última directora general de la misma, María Dolores Amorós, y su antecesor, Roberto López Abad, son los "únicos responsables de esta planimetría" que son las participaciones preferentes.
Por ello, el letrado insiste en que hoy, cuando está llamado a declarar Crespo, se debe analizar su responsabilidad en las retribuciones personales y la dirección económica, "que no puede eludir a pesar de que diga que era solo un representante de la entidad y que no tomaba decisiones".
"Todavía no ha salido el polvo de las alfombras", apostilló De Ramón, al tiempo que se pregunta qué ha pasado con los créditos millonarios fallidos que no ha cobrado la CAM.
Esta semana está previsto que declaren como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez el ex presidente del Consejo de Administración de la entidad Modesto Crespo, que lo hará hoy, el ex director general Roberto López Abad y la que fue su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós.
La causa que se sigue contra la antigua cúpula de la entidad está motivada por una querella presenta, entre otros, por De Ramón, que acusa a los imputados de delito societario, estafa, apropiación indebida y manipulación del precio de las cosas.
Según consta en el escrito presentado esta mañana, la prisión provisional pretende asegurar la reparación del daño que han sufrido los clientes más desfavorecidos de la caja, especialmente por las participaciones preferentes.
La plataforma sostiene que los afectados por las preferentes fueron elegidos de forma "sistemática y planificada", pues la mayoría son personas mayores, extranjeros o jóvenes "sin ningún tipo de instrucción" y añade que fallaron los sistemas de supervisión del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A la vista de la declaración de los ex directivos de la entidad Teófilo Sogorb y Vicente Soriano, que comparecieron ayer como imputados en la Audiencia Nacional, De Ramón sostiene que "no se ha han podido justificar su legitimidad moral de ser distinguidos, por méritos o esfuerzos propios", con las remuneraciones y prejubilaciones con respecto a sus compañeros.
"Teófilo no ha renunciado, ni creo que lo hará, a sus planes de pensiones e indemnizaciones, a pesar de que ha manifestado que siendo responsable del área de información financiera y fiscal tenía constancia de la mala situación de la CAM", indica en su escrito.
Por ello y "sabiendo del estado económico de la CAM y, en plena crisis total, no tuvieron escrúpulos para querer mantener sus atribuciones económicas de pensiones favorecidas y blindajes, o para conceder créditos millonarios en Méjico, depósitos en paraísos fiscales, o realizar viajes al extranjero para celebrar los consejos de administración en Moscú, Nueva York, Las Vegas o India", añade.
A su entrada a la Audiencia Nacional, De Ramón ha asegurado que el ex presidente de la entidad Modesto Crespo; la última directora general de la misma, María Dolores Amorós, y su antecesor, Roberto López Abad, son los "únicos responsables de esta planimetría" que son las participaciones preferentes.
Por ello, el letrado insiste en que hoy, cuando está llamado a declarar Crespo, se debe analizar su responsabilidad en las retribuciones personales y la dirección económica, "que no puede eludir a pesar de que diga que era solo un representante de la entidad y que no tomaba decisiones".
"Todavía no ha salido el polvo de las alfombras", apostilló De Ramón, al tiempo que se pregunta qué ha pasado con los créditos millonarios fallidos que no ha cobrado la CAM.
Esta semana está previsto que declaren como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez el ex presidente del Consejo de Administración de la entidad Modesto Crespo, que lo hará hoy, el ex director general Roberto López Abad y la que fue su sucesora en el cargo, María Dolores Amorós.
La causa que se sigue contra la antigua cúpula de la entidad está motivada por una querella presenta, entre otros, por De Ramón, que acusa a los imputados de delito societario, estafa, apropiación indebida y manipulación del precio de las cosas.
