La titular del juzgado de instrucción de Murcia que investiga el presunto fraude que se habría cometido en las obras del AVE en el tramo comprendido entre Crevillente (Alicante) y la capital murciana, la magistrada Olga Reverte, ha sido recusada por segunda vez en base al posible interés directo o indirecto en la causa.


Tras la primera recusación, que fue desestimada por la Audiencia Provincial de Murcia en mayo de 2017, ahora se ha presentado otra por parte de dos de los más de cincuenta investigados y que pertenecen a una de las empresas encausadas, la Constructora San José.


A través de una providencia que acaba de ser notificada a las partes, la magistrada da por subsanado el defecto procesal advertido en una anterior resolución, cuando indicó a los recurrentes que para tramitar su solicitud, y como marca la ley, era preciso que presentaran un poder especial para pleitos.


Entregado ese poder en el juzgado, la magistrada ha admitido a trámite la propuesta de recusación y ha dado tres días a las partes para que manifiesten si se adhieren a la misma o se oponen o si, también, conocen de alguna otra causa sobre la que sostenerla.


En el primer intento de apartarla de la causa, que no prosperó, los recusantes alegaron que tenía interés en la causa, ya que pese a haber comentado que no se consideraba competente para instruir por razón del lugar donde se habrían cometido los hechos, no obstante seguía con la misma.


También la acusaban de “un mantenimiento artificial de su competencia” y de quebrantar las garantías procesales y causarles indefensión y bloquear sus recursos.


Igualmente aseguraban que había dejado la investigación en mano del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil.


Al rechazarla por un auto de marzo de 2017, la Audiencia comentó que la misma no cumplía con los requisitos marcados por la ley y que no se había demostrado el supuesto interés directo o indirecto de la magistrada en la causa, para añadir que la relación de Reverte con la misma era “puramente procesal”, por lo que tachó la recusación de “temeraria y manifiestamente infundada”.


En este proceso judicial, que comenzó a ser instruido en 2015, se trata de aclarar si en las obras del citado tramo del AVE se pudieron cometer actuaciones ilícitas con la emisión de facturas falsas y otras sobredimensionadas.