El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha acordado este viernes el reparto definitivo de los fondos sociales provenientes del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, de los que la Región de Murcia recibirá 22,5 millones de euros.
En un comunicado, el Gobierno regional ha señalado que la reunión ha estado presidida por videoconferencia por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y en ella ha participado la vicepresidenta regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco.
Los proyectos a los que llegará esta inversión tratarán de mejorar el sistema de cuidados de larga duración de personas mayores, la modernización de los servicios sociales y de los modelos protección residencial y acogimiento familiar especializado de niños, niñas y adolescentes, y la accesibilidad universal.
Todo ello “base fundamental de la Ley de Servicios Sociales que se está tramitando en la Asamblea y que se dirige en esta misma dirección”, ha señalado la consejera durante la videoconferencia.
Estos fondos servirán para paliar en parte las consecuencias económicas y sociales que está causando el Covid-19 en los colectivos más vulnerables, y para adoptar medidas de recuperación social, dirigidas principalmente a estos colectivos y todas aquellas que se encuentran situación o riesgo de exclusión social.
En el encuentro, Franco ha lamentado que los criterios de distribución no tengan en cuenta la población en situación de pobreza o exclusión social que hay en cada comunidad, “lo que conlleva a dar lo mismo a aquellas comunidades que menos lo necesitan y a las que más lo necesitan.
"Es un acuerdo que ahonda aún más en las desigualdades sociales y territoriales”, según la vicepresidenta del Gobierno regional.
En la reunión, también se ha acordado el Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, por el que la Región de Murcia recibirá un total de 8.393.613 euros.
Esta iniciativa parte del aumento de la financiación en 600 millones de euros por parte del Estado para el sostenimiento de la Dependencia, lo cual ha sido valorado como “positivo” por Franco al considerarlo como una muestra más del incumplimiento al que ha venido sometiéndose el sistema de dependencia por parte del Estado.
Sin embargo, Franco lo ha calificado de “insuficiente, incongruente e injusto” ya que en el plan se potencia el cuidado de nuestros mayores en su propio entorno familiar, para no generar desarraigo, pero, al mismo tiempo, “nos penalizan si aumentamos las Prestaciones del Entorno Familiar, Pecef, una prestación mensual para cuidados no profesionales en el entorno familiar de los dependientes”.