El Tribunal de Cuentas ha detectado que 66 de los 84 inmuebles adquiridos por los 37 ayuntamientos de la Región de Murcia de más de 5.000 habitantes no ha dado uso a estos locales, de los que el 30 por ciento nunca ha llegado a utilizarse desde que se incorporó a los patrimonios municipales.

Según consta en el informe de fiscalización, del que están excluidos los municipios de Ojós, Ricote, Ulea, Albudeite, Campos del Río, Aledo y Pliego (con población inferior a los 5.000 habitantes), se ha analizado los inmuebles sin uso, los arrendados y las obras paralizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019.

Respecto a los locales y edificios adquiridos, hay 15 municipios que no le han dado utilidad a ninguno de los 55 incorporados a su inventario (Águilas, Alcantarilla, Blanca, Calasparra, Caravaca, Cartagena, Fortuna, Lorquí, Mazarrón, Moratalla, Puerto Lumbreras, Torre Pacheco, Totana y Yecla).

Las compras más elevadas en este apartado son las realizadas por los consistorios de Fortuna, que invirtió 896.000 euros para construir el Centro de Visitantes de La Pila; Cartagena, que gastó 505.000 euros en la compra del antiguo hotel Peninsular, y Puerto Lumbreras, con 998.000 euros invertidos en el Auditorio, cuya gestión está siendo investigada judicialmente.

Solo Los Alcázares (3) y San Pedro del Pinatar (1) han dado uso a todos los inmuebles comprados, mientras que Abarán, Alhama de Murcia, Cieza y La Unión no han habilitado todos los locales y edificios adquiridos.

El informe apunta que la incorporaciones de los inmuebles al patrimonio de los ayuntamientos en muchas ocasiones se realizaron sin que estuvieran enmarcadas en proyectos donde se determinaran las necesidades públicas a satisfacer y los medios a emplear.

Asimismo, en el informe se indica que los ayuntamientos titulares de la mayor parte de los inmuebles sin uso no han adoptado medidas ni disponían de planes o previsiones para ponerlos en funcionamiento, enajenarlos o modificar su situación.

También se ha constatado la falta de inscripción en el Registro de la propiedad y en la contabilidad de los ayuntamientos de gran parte de dichos inmuebles.

En cuanto a los 73 inmuebles arrendados por 19 ayuntamientos por un importe total de más de 857.000 euros anuales, 42 no están en uso en Alguazas (2), Beniel (1), Jumilla (2), Lorca (20), Molina de Segura (11), Murcia (1), San Javier (1), Santomera (1) y Yecla (1), según el Tribunal de Cuentas.

La fiscalización ha identificado 30 obras paralizadas en los ayuntamientos fiscalizados, aunque 11 ya cuentan con el acta de recepción de obras por parte del consistorio. De la treintena de proyectos, más de la mitad de los contratos para su construcción fueron formalizados antes del 31 de diciembre de 2011.

Los recursos invertidos y paralizados ascendieron a 20.607.984,24 euros, siendo el origen de la mayor parte de las paralizaciones la falta de abono de las certificaciones de obra o la demora en los pagos por parte de los ayuntamientos por la falta de recursos para continuar con su ejecución.

Algunas de las obras paralizadas recibieron financiación de la comunidad para su realización y no la aplicaron en su totalidad a los fines previstos y no se justificaron y liquidaron las subvenciones ante la entidad concedente en los plazos inicialmente fijados y de acuerdo con las condiciones establecidas.

De entre las obras más significativas, el Tribunal de Cuentas menciona que no se han acabado el Centro Multicultural de Caravaca de la Cruz, con 11,4 millones de euros de presupuesto; el Museo Paleontológico de Torre Pacheco (5,5 millones de euros) y la Casa de la Juventud y Teatro de Los Alcázares (4,1 millones de euros).

El Tribunal de Cuentas recomienda a los dirigentes locales destinar los medios necesarios para dotarse de inventarios de bienes, que contengan toda la información necesaria debidamente actualizada, así como adoptar medidas para poner en funcionamiento los inmuebles sin uso, enajenarlos o modificar su situación de forma que no se prolongue aún más en el tiempo la inmovilización de los recursos empleados y la depreciación de los bienes.