La Federación Española del Vino (FEV) se ha mostrado contraria al establecimiento de precios mínimos o de referencia de forma general en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria y ha advertido de que ello podría dificultar por ejemplo la venta de vino a granel.

Durante su comparecencia hoy jueves en el Congreso de los Diputados, la última de las realizadas desde el martes hasta hoy para analizar la reforma de esta normativa, el director general de la FEV, José Luís Benítez, ha abogado por eliminar el llamado "coste efectivo de producción" que figura en la ley, pero si no se suprime ha pedido que al menos que se clarifique cómo calcularlo.

Ha alertado, asimismo, de las consecuencias que implicará la norma si la elaboración de unos precios mínimos o de referencia con el objetivo de favorecer el equilibrio de la cadena y atajar la "venta a pérdidas" termina derivando en la "imposición de un precio artificial".

"En España la mitad del vino que se produce se exporta, y una parte importante todavía es a granel. Así que, cuidado, porque si existiera la obligación de un precio mínimo -establecido de forma general, sin tener en cuenta las particularidades de cada viticultor- se acabará dificultando la salida de vinos baratos, y que nos gusten o no, existen", ha afirmado.

Benítez ha instado a extender la aplicación de los mecanismos que recoge la norma a todos los eslabones de la cadena, también a supermercados e hipermercados, y a las cooperativas, ya que de lo contrario se podrían generar "distorsiones".

"Compartimos totalmente la inclusión de la gran distribución, ya que aunque una bodega pueda no ser considerada pyme por facturar 60 millones de euros, existe un desequilibrio manifiesto con empresas que facturan varios miles de millones y tienen una posición de dominancia en la distribución", ha argumentado.

El responsable patronal ha insistido en la necesidad de acabar de una vez con la "venta a resultas" (cuando el precio se fija no en el momento en que se entrega la mercancía, sino cuando ésta se vende). Además, ha reclamado "mantener el control de las Denominaciones de Origen supraautonómicas -Rioja, Jumilla y Cava- dentro de la agencia AICA" y permitir que siga siendo el organismo encargado de iniciar e instruir los procesos sancionadores correspondientes.